Convoca CEDH al Ayuntamiento y a Vigue a llegar a un acuerdo para que dejen de afectar a potosinos

 

A tres semanas de que se fue interrumpido el servicio de recolección de basura en la zona metropolitana de San Luis Potosí, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arrollo, convocó a las partes en conflicto tanto a la empresa Red Ambiental (Vigue) como al Ayuntamiento de la Capital, a que se llegue a un acuerdo y se evite seguir afectando el derecho de los ciudadanos.

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En entrevista, recordó que el servicio de recolección y disposición final de la basura es competencia de la autoridad, independientemente de que el servicio este concesionado, por ello, la necesidad de que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo que permita reanudar de manera eficiente el servicio a las familias potosinas.

El ombudsman, consideró que está situación es una cuestión que tiene que ser resuelta a la mayor brevedad, fuera de que la empresa pudiera haber utilizado esta estrategia de suspensión como medida de presión, por el supuesto adeudo que se enfrenta de parte de la autoridad.

“Nosotros hacemos un llamado, porque si bien es cierto, que hay alguna problemática de discusión sobre cuestiones de pago, lo que hay que revisar es que el servicio no se dejar de prestarse, aun y cuando pudiera existir un adeudo” señaló Jorge Vega.

Por otra parte, el titular de Derechos Humanos, se refirió a la recomendación emitida al gobierno del estado, luego de los motines registrados en diciembre del 2015, al interior del Centro de Reinserción Social de La Pila, y confirmó que será en un plazo no mayor a quince días, cuando se pueda tener la resolución en torno a lo que ocurrió verdaderamente en los esquemas de seguridad y control, de parte del personal de custodia.

Por lo pronto, reconoció que el gobierno ha cumplido algunas de las recomendaciones que se habían planteado también a raíz de los hechos violentos registrados en el 2013, aunque no han sido suficientes, en lo que se refiere a la construcción de infraestructura que permitan tener la separación de los internos de acuerdo a la comisión o delitos cometidos.