Incendio de Peñasco originado por la guerra de la basura entre Vigue, Gen y Ayuntamiento

De acuerdo a las versiones emitidas por el comandante del Cuerpo de Bomberos Adolfo Benavente Duqe, expresó que no habían condiciones para que sucediera el incendio la tarde del pasado domingo en Peñasco perteneciente a la comunidad de Milpillas.

Ante la guerra desatada para la cancelación del contrato de la recolección y confinamiento de la basura a la empresa Vigue Red Ambiental, en donde el Ayuntamiento de la Capital ha expresado su deseo de rescindirlo, puede ser una de las principales causas para generar un clima de intranquilidad social e insalubridad colectiva.

En días pasados los propios directivos de la empresa Vigue, pedían que el abogado José Mario de la Garza sacara las manos del conflicto con el Ayuntamiento, dado que tenía intereses velados para beneficiar a sus competidores  GEN, quienes son otros prestadores de servicio de recolección de basura y procesamiento, que no han podido entrar a la capital potosina.

El incendio que fue atendido por el Honorable Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Protección Civil y la empresa Vigue que operó su maquinaria, se logró controlar de manera ágil, aunque existen temor de los vecinos de la zona que puedan ocurrir nuevos eventos similares que pongan en riesgo la tranquilidad de los pobladores de la comunidad de Milpillas.

Una ve sucedidos los hechos del incendio en Peñasco en donde de manera preliminar se aseguraba que pudiera haberse producido por un descuido, como el arrojar una colilla de cigarro de manera involuntaria, solo se ha logrado la detención de dos personas que presuntamente se les vincula con la provocación intencionada del incidente, aunque las autoridades no han emitido información alguna sobre sus declaraciones o si todavía se encuentran detenidos.

Por lo pronto, el Ayuntamiento de la Capital se esta haciendo cargo de la recolección de basura con la intención de rescindir el contrato a Vigue, sin que exista la promesa de pago por los 99 millones de pesos que exige la empresa que cuenta con el contrato todavía vigente, quien ha dicho a la autoridad municipal que tendría que invertir 500 millones de pesos para la construcción de un nuevo confinamiento de desechos dado que el actual se encuentra saturado y el existente es de su propiedad por lo que no pudiera ser utilizado por algún otro interesado.