Diputados locales solicitarán al Gobierno del DF que ponga en marcha un programa de condonación del pago por suministro de agua, de 2010 al 2015, en las zonas de marginación y extrema pobreza y en donde padecen desabasto.
A propuesta del perredista Víctor Hugo Romo y con aportaciones del PAN y Morena, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)avaló un punto de acuerdo que incluye mesas de trabajo entre el GDF y legisladores para determinar otros factores que tomarán en cuenta en la condonación, así como la lista de colonias en donde se aplicará.
El legislador local propuso beneficiar a más de 2 millones de habitantes de unas 250 colonias, pero a petición del panista José Manuel Delgadillo, el número quedará abierto para incluir a otras zonas, incluso de nivel medio, que padecen problemas de abasto de agua y aun así pagan cantidades elevadas.
Necesitamos sanear la cartera vencida y apoyar la economía de las personas más vulnerables, ya que la población más pobre tiene que pagar mucho más caro cada metro cúbico de agua que compran a particulares o que reciben de las pipas de las delegaciones a cambio de propinas o cuotas no oficiales”, dijo el diputado del PRD.
En el documento se exhorta a la Secretaría de Finanzas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) a que informen, desde el 2010 a la fecha, los programas realizados respecto a las reducciones y condonaciones por el pago de los derechos del suministro, alcances obtenidos, población beneficiada por colonias y delegaciones, y monto total de reducciones y condonaciones.
La diputada de Morena, Aleida Alavez solicitó que no sólo el factor de marginalidad se tomara en cuenta para aplicar la condonación e incluyeran el factor de desabasto.
En otro punto de acuerdo propuesto por ella, se avaló la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que convoque al Sacmex y a las 16 delegaciones para generar los contenidos de un protocolo de actuación ante la escasez del servicio de agua potable, y así evitar abusos y violaciones al derecho humano de acceso al agua de parte de piperos, operadores y autoridades responsables del suministro.