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    Corte estadunidense revisará plan migratorio de Barack Obama

    By on 20 enero, 2016

     

    CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia estadunidense anunció ayer que revisará el caso que cuestiona la legalidad de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para dar alivio migratorio a tal vez cinco millones de indocumentados, incluso los “soñadores” y los padres de hijos nacidos en Estados Unidos.

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    La determinación del tribunal revisaría una decisión del Quinto Circuito de Apelaciones, que sostuvo una orden del juez federal Andrew Hanen, en el distrito sur de Texas, para detener el cumplimiento de una orden ejecutiva de Obama para conferir permisos de trabajo y protección contra la deportación a indocumentados no prioritarios para la aplicación de las leyes migratorias.

    Hanen emitió la orden en enero de 2015, un mes después de que Obama hubiera anunciado las medidas de alivio y en respuesta a una demanda de 26 gobiernos estatales republicanos –encabezados por el de Texas– que acusaron al gobierno de Obama de abusar de su autoridad y dejar de lado al Congreso.

    Frank Sharry, presidente del grupo promigrante America’s Voice, subrayó que el acuerdo de la Corte Suprema quita el caso de las manos de un sector –judicial conservador– que buscaba “retrasar deliberadamente una decisión con la esperanza de que acabara la Presidencia de Obama”.

    De acuerdo con especialistas citados por politico.com, sería posible que la Suprema Corte escuche argumentos a favor y en contra en el mes de abril, para rendir una sentencia el mes de junio.

    Pero el anuncio de la Suprema Corte incluyó un punto potencialmente complicado.

    Los magistrados incluyeron una pregunta en torno a si las acciones de Obama violaron la obligación constitucional de cuidar que las leyes se ejecuten fielmente, lo que de acuerdo con expertos citados por la prensa estadunidense podría implicar una determinación en torno a su autoridad para hacer los cambios legales que buscaba.

    En sus argumentos escritos, los abogados de los estados reconocieron que el Presidente tiene amplia autoridad sobre asuntos de inmigración, ya que “el Ejecutivo tiene la potestad de abstenerse de retirar extranjeros de manera individual”, pero cuestionaron lo que según The New York Times  llamaron una garantía generalizada de “presencia legal” y prestaciones a millones de inmigrantes.

    El Departamento de Justicia estadunidense, por su parte, había solicitado a los jueces que tomaran el caso en base a si los gobiernos estatales tienen autoridad para impugnar las acciones diferidas, determinar si las medidas de Obama en 2014 fueron arbitrarias o caprichosas y si el gobierno debió realizar un “periodo de aviso y comentario formal” antes de proceder con su plan.

    Si el tribunal fallara en favor de Obama, su gobierno tendrá siete meses para tratar de extender las propuestas de alivio, incluso la Acción Diferida para los hijos de indocumentados y una iniciativa llamada Acción Diferida para los padres de niños estadunidenses.

    Los 26 estados que respaldan la demanda en el tribunal argumentan que Obama violó su deber de “cuidar” que las leyes se cumplan y que sus acciones equivalían a una toma de poder que violó la “separación de la Constitución de poderes en general.”

    En primera instancia, los estados quejosos instaron a la Suprema Corte a no tomar el caso. El procurador general de Texas, Ken Paxton, dijo que la decisión del alto tribunal refleja las importantes funciones de los tres poderes del Estado.

    “En la decisión de conocer el presente caso, el Tribunal Supremo reconoce la importancia de la separación de poderes”, dijo Paxton en un comunicado.

     

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