La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH), estaría en condiciones de emitir una recomendación por la investigación que realiza la PGJE, en contra del ex religioso Eduardo Córdova, debido que a varios meses que está prófugo de la justicia, no se ha garantizado una procuración de justicia para las víctimas.
Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arrollo, quien además pidió la reapertura de la investigación realizada sobre el fallecimiento de la joven Karla Pontigo Luccioto.
«En este caso, primero, sí es probable la reapertura del caso, sí hay que tener en consideración, nosotros lo tuvimos en un inicio y lo que observamos es que hubo una alteración en la escena del crimen, entonces difícilmente esos elementos pudieran dar elementos para determinar la culpabilidad. Lo más importante es garantizar el sentido de justicia hacia las víctimas, la legislación ahora establece que el Estado debe ser el responsable de reparar de alguna manera esta parte que corresponde a las víctimas, sin embargo, es difícil porque no se activaron los protocolos de preservación de la escena del crimen, hay una alteración, desde luego en su momento la defensa de las personas que pudiesen estar involucradas en este evento, como que al darse una modificación, no pueden constituir pruebas en el juicio» abundó.
Jorge Vega afirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado, debe investigar dónde estuvieron las irregularidades, para generar garantías de no repetición de este tipo de casos, y que declaren las personas que fungieron como autoridades en ese caso.
«Cuando no se garantice la procuración de justicia adecuada, es posible la recomendación».
Para el ombudsman potosino, es posible que la CNDH emita otra recomendación contra San Luis Potosí, por el caso del ex religioso Eduardo Córdova, acusado de cometer agresiones sexuales contra menores de edad y prófugo de la justicia desde hacer varios meses.
«En el caso del ex religioso Eduardo Córdova, también, lo que nosotros pedimos es que se esclarezcan los hechos y se aplique una sanción si lo amerita, lo importante es que se garantice el acceso a la justicia a las personas que acuden ante la PGJE». Vega explicó que recibieron una queja de las víctimas, la cual mantienen en investigación.
Cuando son autoridades estatales son los propios familiares los que deciden que la queja se eleve a las instancias nacionales, como es la CNDH, y ellos son los que evalúan si hay una hipótesis por la que deban tomar cartas en el asunto.
Esa misa ruta tomaría a petición de los familiares, el caso de la perito que desapareció el año pasado, acompañada de su hijo menor de edad.
