Ocho alcaldías enfrentan el problema: Leal T.

Al tiempo de dar a conocer que ya quedó liberada la Presidencia Municipal de Santa María del Río, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció que existen otras ocho presidencias municipales que enfrentan un problema por la designación del contralor municipal.
Cabe recordar que el viernes pasado, el Presidente del Partido de la Revolución Democrática, José Luis Fernández Martínez y la Diputada Federal, Erika Briones Pérez, encabezaron con militantes del Partido del Sol Azteca, la toma de las instalaciones de la presidencia municipal de Santa María del Río, argumentando que el alcalde de esa demarcación, Ismael Reyna Rosas, designó a su contentillo al contralor municipal Álvaro Candía, cuando dicho cargo debe ser sometido a votación dentro de una terna que establezca la primer minoría de regidores del cabildo, atribución que en esta ocasión le correspondía al PRD.
Los perredistas llegaron a un acuerdo con el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, así como el presidente municipal, quienes aún estarán dialogando sobre esta situación en las siguientes horas.

GOBIERNO ATENTO A RECOMENDACIÓN DE CNDH

Por otra parte y ante la recomendación emitida por la CNDH y recibida el 31 de diciembre del 2015 por el Gobierno del Estado, por lo ocurrido hace más de 2 años (en 2013) en el bar ubicado en la capital potosina, y donde perdió la vida Karla del Carmen Pontigo, Leal Tovías indicó que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se prepara una propuesta para determinar los términos de respuesta que se emitirá.
Recalcó que este caso ocurrido en octubre del 2013 contempla observaciones que incluye varios elementos de la investigación del caso.

De la misma manera, el documento contempla integrar a dos familiares directos de la joven como víctimas, en tanto, la recomendación abarca a la CEEAV.

En consecuencia, explicó que una vez recibida la recomendación el pasado 31 de diciembre las dependencias analizan la recomendación y emitir una propuesta de respuesta conjunta, por lo que se realizará antes de la fecha normativa, es decir antes del 22 de enero.