Las instituciones de salud del estado deben prestar atención inmediata a las mujeres embarazadas que presentan alguna emergencia obstétrica, independientemente de si son o no derechohabientes de dichas clínicas, señaló el legislador Jorge Luis Díaz Salinas.
Por ello, presentó en Sesión Ordinaria una iniciativa de modificación a la Ley de Salud del Estado en su artículo 51 Bis, a fin de establecer la prestación de atención médica por parte de los servicios de salud de manera expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
En su exposición de motivos, el legislador manifiesta que de acuerdo a los informes sobre muerte materna publicado en la Revista Internacional de Geografía auspiciada por el INEGI, en términos de la Tasa de Mortalidad Materna Evitable Estandarizada, San Luis Potosí ocupa el sexto lugar a nivel nacional, después de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Muchos decesos hubieran podido evitarse si se contara con una atención médica más integral.
“Y esto ocurre, en mayor medida entre mujeres pobres, indígenas, urbano-marginales, sin seguridad social, habitantes de zonas de alta o muy alta marginalidad; ni Cárdenas, ni la Zona Media escapan a esta terrible realidad, por lo que quiero contribuir a que las mujeres que ahí viven, y que las mujeres de todo el Estado puedan vivir, cuidar de sus hijos, convivir con sus familias, con esta iniciativa que tiene como objetivo constituirse en un paso firme para garantizar el acceso universal, efectivo, oportuno, de calidad y gratuito a los servicios que proporcionan los establecimientos de atención médica en todo el Sistema Estatal de Salud”, señala.
Agrega que a nivel nacional, el Senado de la República ha aprobado una reforma a la Ley General de Salud para la atención oportuna e integral de las mujeres embarazadas o en proceso de parto, en todos los hospitales públicos, de manera que es importante hacer las modificaciones a la legislación estatal en el mismo sentido.