A fin de que las asociaciones e instituciones de asistencia públicas que reciban subsidio por parte del Gobierno del Estado se sujeten a normas específicas que permitan un buen manejo del recurso público y una correcta rendición de cuentas, el legislador Fernando Chávez Méndez presentó una iniciativa de reforma al artículo 53 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
Mediante esta reforma, se indica que para el otorgamiento de los subsidios y las transferencias a entidades o a las instituciones de asistencia social, dichos organismos deberán contar con copia certificada ante Notario Público de su acta constitutiva.
Además deberá contar con la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde se acredite ser donataria autorizada, deberá acreditar con documentos, memorias de trabajo o cualquier evidencia de estar operando como Asociación Civil legalmente constituida.
También tendrá que entregar un informe mensual a la Secretaría de Finanzas sobre la aplicación del subsidio, deberá cumplir con los lineamientos de prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3- 2010.
Se establece que las instituciones que reciban recursos públicos deberán estar inscritas en el Registro Estatal y Nacional de Instituciones de Asistencia Social; y queda prohibido otorgar recursos públicos a instituciones de asistencia social pertenecientes o vinculadas a partidos políticos o servidores públicos y dichos recursos no podrán ser aplicados a gasto corriente.
En su exposición de motivos, el legislador señala que esta reforma es muy importante porque el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil dentro de las tareas de política y asistencia social, es muy relevante en la elaboración e implementación de programas muy sensibles y la promoción de la participación ciudadana.
“He ahí la razón por la que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que existan, como en algunas ocasiones ha trascendido a la opinión pública, organizaciones vinculadas a partidos políticos, inexistentes, poco serias, que no rindan cuentas, que mal gasten o desvíen los recursos que se les asignan para cumplir sus fines”, indicó.
Agrega que el año pasado, el gobierno destinó casi 38 y medio millones de pesos para apoyar a 85 asociaciones civiles con montos que fueron de los 100 mil pesos hasta los 4 millones 300 mil pesos.
“Con ese paso contribuiremos verdaderamente a evitar que se cometan actos de abuso o simulación contra el erario y apoyaremos los esfuerzos que realiza el Poder Ejecutivo Federal para formalizar fiscalmente al mayor número de personas físicas y morales” señala. Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Hacienda del Estado.