En los últimos tres años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto sanciones económicas por 5 mil 492 millones 253 mil 140 pesos a funcionarios de distintos órdenes dentro del gobierno; es decir, poco más del doble de recursos otorgados para el apoyo del Programa de Prevención del Delito en 2016 que fue de 2 mil 15 millones 311 mil 756 pesos.
De acuerdo con cifras de la dependencia, durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015 se presentaron 38 mil 774 sanciones, mientras que el número de sancionados fue de 29 mil 510.
La sanción económica no es la predominante para castigar a un servidor público por fallas a su trabajo, ya que de acuerdo con la SFP la suspensión (25.31%), la amonestación pública (23.14%), la amonestación privada (18.63%) y la inhabilitación de funciones (18.63%) son las más empleadas y solo el 3.37 por ciento terminan en la destitución.
La principal causa de castigos, revela un documento proporcionado a un Diario de circulación nacional refiere al incumplimiento en declaración de situación patrimonial con 24 mil 325 sanciones, seguidas por negligencia administrativa con 10 mil 344; violación a leyes y normatividad presupuestal con mil 436; abuso de autoridad, mil 493; violación a procedimientos de contratación, 895; cohecho o extorsión, 267; ejercicio indebido de sus funciones en materia migratoria, 8, y violación a los derechos humanos, 6.
El origen para estos castigos se da en primer lugar por no cumplir en la declaración patrimonial (59.17%); por la denuncia ciudadana con 7 mil 85, es decir, el 18.27% y la denuncia al servidor público con 4 mil 238 (10.93%).
En este 2015 la secretaría a cargo de Virgilio Andrade, desde que el 3 de febrero, dijo que el número de sancionados es de 7 mil 45, en tanto el número de sanciones lleva 8 mil 636.
Al corte del 30 de noviembre de este año van sanciones económicas impuestas van en mil 883 millones 545 mil 86 pesos, representando el 8 por ciento del tipo de castigos a funcionarios.
Transparencia
México vive una etapa donde la transparencia aún no es una constante entre los distintos actores sociales y políticos, admitió el actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez.
“En este momento estamos en una etapa en la que la transparencia vive algunas oscilaciones. En general ha habido un esfuerzo desde hace ya 13 años, por parte de las instituciones para tener la información de la manera más accesible posible. Inclusive en el Poder Judicial lo podemos ver en los portales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde luego siempre será importante tener avances”, manifestó.
En entrevista con Excélsior, el funcionario señaló que ante dicho carácter oscilatorio, así como los diversos elementos que resultan ser “controvertidos” la nueva agenda de la secretaría impulsará un nuevo Sistema Integral de Quejas y Denuncias (Sidec).
Esta estrategia tendrá dos diferencias: la primera es que la denuncia podrá hacerse de manera digital, y la segunda es que el quejoso podrá darle seguimiento a la misma “y por lo tanto se minimizarán los riesgos de retraso o estancamiento”.
En una secretaría en la que en 2015 cada día se presentaron aproximadamente 71 quejas y denuncias, y cada 24 horas 21 funcionarios resultaron ser sancionados, ya sea de forma administrativa o económica, consolidar este sistema resulta necesario si se quiere avanzar en el combate a la corrupción.
Y aunque la herramienta —la cual comenzará en enero con una prueba piloto— presenta la ventaja de ser digital, también es cierto que no todos tienen acceso a internet, por lo que de acuerdo a Andrade Martínez, para que llegue a todos se apoyará con otras dependencias de gobierno.
“El 95 por ciento del territorio nacional está telecomunicado. Pero es cierto que el cinco por ciento restante está conllevando o englobando a los municipios más aislados”.
“En todo caso, el gobierno a través de oficinas y a través de presencias, incluso con otras dependencias y con ventanillas físicas, tendrá el objetivo de poder llegar a todos los ciudadanos en materia, sobre todo, de reducción de trámites”, refirió.
Andrade advierte cambios en la agenda de la dependencia para que consolide su posición dentro del gobierno.
“Ahora lo que nos toca hacer en 2016-2018 es tener un programa para poder tener los mismos parámetros que guíen a cada oficina que tenemos.