La diputada Lucila Nava Piña presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de que los Consejos de Desarrollo Social Municipal cuenten con lineamientos claros para su integración y funcionamiento.
Explicó que en ambas legislaciones que se proponen reformar, se establece la participación social y ciudadana a través de los denominados organismos de participación ciudadana; sin embargo, se presentan contradicciones y plazos que resultan difíciles de cumplir, dado que hoy se obliga a que los Consejos de Desarrollo Social Municipal, se instalen en la primera semana del mes de noviembre a pesar de que los Ayuntamientos han iniciado sus actividades el pasado mes de octubre.
Por ello, mediante esta modificación se propone establecer plazos para que los ayuntamientos constituyan sus Consejos de Desarrollo Social Municipal, mediante asambleas democráticas dentro de los primeros cinco meses contados a partir del inicio de su periodo constitucional.
En este sentido, los ayuntamientos deberán cuidar que en los CDM, se incluyan a los Representantes Sociales Comunitarios de barrios, colonias populares, comunidades y ejidos.
Agrega que su iniciativa propone un plazo de cinco meses para la conformación de dichos Consejos, “por considerar que es adecuado para que la planeación y ejecución de los procedimientos democráticos mediantes los cuales son electas las personas que han de formar parte de esos organismos de participación ciudadana, se lleven a cabo de manera democrática y transparente”.
La propuesta también establece que los Consejos de Desarrollo Social Municipal duren en su encargo durante el periodo constitucional del municipio y hasta que se desahogue e instale el Consejo de Desarrollo Social Municipal que habrá de sustituirlo.
“Con estas reformas de ley, los organismos de participación ciudadana que han de funcionar en el periodo constitucional de los ayuntamientos que iniciaron su gobierno el pasado primero de octubre, podrán constituirse con los procedimientos que legitimen el actuar democrático y social de los mismos”, concluye.
