La creación de la Secretaría de Cultura (SC) ha levantado ámpulas entre los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); su falta de claridad, apuntan, los ha impulsado a realizar una serie de manifestaciones para solicitar el apoyo de la sociedad.
Por lo pronto, trabajadores del INAH y del INBA mantienen desde ayer un plantón a afuera de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México; lo cual motivó que los legisladores los reciban mañana para iniciar el diálogo de manera oficial. Y no sólo en la capital del país existen estas movilizaciones; también, se extienden hasta Jalisco. Por ello, ayer un grupo de trabajadores del INAH montaron una protesta a la entrada del Museo Regional de Guadalajara, donde con pancartas manifestaron que rechazan la privatización de museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos; hecho que señalan no están planteado de forma explícita en la generación de la nueva Secretaría, pero se sobreentiende. Sobre este tema, El Informador platicó con Javier Zúñiga Torres, secretario general de la delegación III-2 del INAH en Guadalajara —representante sindical de los trabajadores del Museo Regional de Guadalajara, quien explicó que “con esta manifestación queremos explicarle a la gente que analizamos la iniciativa de la creación de la Secretaría de Cultura y hemos llegado a la conclusión que el patrimonio federal corre riesgo, ya que no deja claro cómo va a operar esta iniciativa de ley”. Agregó que la creación de una propuesta de este rango debe ser analizada antes de ser constituida: “no hay claridad, de hecho, hay una parte muy incoherente que indica un recorte de 165 millones de pesos a todo el sector cultural”. Lo anterior, señala, obligará a que se agarre presupuesto de los programas de apoyo y becas lo que llevará a que se pierdan los proyectos a nuevos creadores. Añadió que lo que más les preocupa es el asunto del patrimonio, porque ahí hay un mensaje oculto que permite que “la iniciativa privada intervenga en museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos, para realizar eventos sociales”. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida por Santiago Taboada, aún no ha aclarado la situación que manifiestan los trabajadores; pero por lo pronto solicitó ayer a la mesa directiva una prórroga de 45 a 90 días para aprobar o no la iniciativa para crear la Secretaría de Cultura.
La razón principal para posponer su probable aprobación es porque el Ejecutivo no presentó un interlocutor oficial para cabildear el proyecto presentado por Enrique Peña Nieto en septiembre pasado.
Por unanimidad se votó que hoy haya una reunión con trabajadores sindicalizados del INAH y del INBA; además, señaló que el viernes se mantendrá un encuentro con el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, quien será el representante para discutir las inquietudes y dudas que hay. .
“Los tiempos nos permitirán trabajar durante los siguientes días el proyecto, que podría extenderse hasta tres meses; sin embargo, estamos abiertos a cualquier posibilidad. No estamos cerrando el tema, estamos haciendo las cosas con seguridad”, dijo a la prensa Santiago Taboada.
El diputado manifestó que por la falta de diálogo con un representante federal, se tomaron decisiones como el presupuesto para el subsector del siguiente año, pero dijo que de ser necesario se podría aprobar una ampliación; y es que el presupuesto aprobado para el 2016 fue de 17 mil 32 millones de pesos, una diferencia de dos mil 206 millones de pesos respecto a lo aprobado para 2015.
PARA DISCUTIR
Puntos a discutir de los trabajadores
1. Definir quién va a custodiar el acervo cultural nacional.
2. Explicar por qué si existe un plan de austeridad presupuestal, se busca crear una nueva Secretaría.
3. Responder cómo esta iniciativa evitará rompe el vínculo de educación y cultura que es fundamento de las identidades y de la cohesión social de los mexicanos.
4. Precisar cómo se impedirá que la nueva Secretaría despoje al INAH y al INBA, de su autoridad federal en lo referente a la protección de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticas, históricas y paleontológicas.