En el pliego de consignación por las investigaciones por presuntos delitos electorales en contra de Arturo Escobar y Vega, ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, la FEPADE solicitó tres órdenes de aprehensión más en contra de empresarios que firmaron contratos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Se trata de empresas que participaron en la expedición de diez mil tarjetas Premia Platino, que ese instituto político repartió en el marco del proceso electoral de este año, que incluyo la elección del 7 de junio.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR) entregó este jueves la información a la ex diputada y militante del Partido de la Revolución Democrática (PGR), Julissa Mejía, quien presentó una denuncia en contra del PVEM por la distribución de esas tarjetas, en abril pasado.
Se explicó que el Ministerio Público Federal de la FEPADE solicitó na orden de captura en contra de María Guadalupe Robles, quien es hermana de Luisa María Robles, ésta última apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles.
La firma de María Guadalupe aparece en los contratos entre esa compañía y Escobar, en su calidad de dirigente nacional del PVEM, para la expedición de las tarjetas de descuento y promociones.
Las otras solicitudes de órdenes de detención son en contra de Pablo Líder Robles, empleado de la misma compañía, sin que se especificara el motivo de su falta, y de Ramiro Quintero Ramos, responsable de Multiservicios, empresa responsable de la entrega de las tarjetas en viviendas particulares.
Mejía explicó que también están involucrados los responsables y propietarias de la empresa Proyectos Juveniles, Luisa María y María Guadalupe Robles Ponce, quienes subcontrataron a su vez a la empresa que fue la encargada de elaborar las tarjetas.
De acuerdo con Mejía, todos los involucrados, entre ellos Escobar y Vega, son presuntos responsables del delito de realizar aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
También está presuntamente involucrados en el delito diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI de la misma ley, relativo a la participación de proveedores no autorizados por la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE).
En entrevista a las afueras de las oficinas de la FEPADE, la perredista dijo que ahora es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación resolver si se otorgan o no los mandamientos de captura en contra de los involucrados.