El gobierno del presidente Barack Obama pidió a la Corte Suprema que resuelva rápidamente sobre sus planes para impedir la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular y darles permisos de trabajo.
Los documentos presentados piden al alto tribunal un «examen inmediato» del deseo del gobierno de proteger hasta 5 millones de inmigrantes, que en su mayoría son padres de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes en situación regular.
La apelación, presentada un año después de que Obama anunció sus medidas ejecutivas sobre inmigración, pide a la Corte que intervenga en una disputa entre 26 estados principalmente de gobierno republicano y el gobierno central demócrata, en medio de una campaña electoral en la cual la inmigración es un tema crucial.
Si la corte acepta el caso y fallar hacia fines de junio y si el fallo es favorable al gobierno, a Obama le quedarán siete meses para aplicar sus planes.
Sin embargo, el tiempo vuela. Texas, el estado que encabeza la demanda, tiene 30 días para responder, pero puede pedir una extensión. Si los jueces no aceptan el caso para mediados de enero, el asunto probablemente no se resolverá durante la presidencia de Obama, que finaliza en enero de 2017.
Lo que está en juego es el programa de suspensión temporal de deportaciones de padres de estadunidenses, que según Obama permitiría a las personas que han vivido en Estados Unidos durante más de cinco años y tienen hijos que se encuentran en situación regular en el país «salir de las sombras y quedar en acuerdo con la ley».
Texas impugnó rápidamente el programa y ganó cada apelación hasta ahora, lo que le ha permitido bloquear el plan.
Recientemente, la corte de apelaciones del quinto circuito falló a favor de los estados.
El gobierno presenta tres argumentos principales a la Corte Suprema: los estados no tienen derecho a impugnar la norma ante la justicia federal; el gobierno se atuvo a las normas de procedimiento y tiene amplia discreción en materia inmigratoria.
Sin la intervención de la Corte Suprema, millones de personas se verán obligadas a «seguir trabajando clandestinamente, sin la opción de un empleo legal para mantener a sus familias», dijo el procurador general Donald Verrilli Jr. en el documento presentado.
Obama dijo que actuó por cuenta propia ante la incapacidad del Congreso para aprobar una ley inmigratoria general. Un programa anterior que no ha sido impugnado protege a los inmigrantes introducidos de manera irregular al país cuando eran niños. Más de 720.000 jóvenes han recibido permisos para residir y trabajar en Estados Unidos.
La Casa Blanca ha enfocado sus medidas represivas en delincuentes, amenazas a la seguridad nacional y los que han ingresado últimamente.
El cambio significa que las personas que no han violado la ley más allá de su ingreso irregular tienen menos probabilidades de ser deportados.
Unas 231 mil personas fueron deportadas durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, según documentos internos del gobierno.