Señalados por el delito de fraude específico, finalmente las autoridades detuvieron a dos de los llamados abogados «talibanes”: Luis Fernando González Esparza, que encabeza un despacho que lleva sus apellidos, y uno más de sus socios, Pablo Osuna Pérez, confirmó en entrevista el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez.
Junto con ellos se detuvo además a la persona que beneficiaría el supuesto laudo fraudulento y que motivó la denuncia: Pedro Domínguez Ayala, quien aseguraba ser ex empleado del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cuando, de acuerdo con los argumentos del organismo, era un ex notificador subcontratado: “Se está ejerciendo acción penal en contra de seis personas”, sin embargo, Almaguer se reservó el nombre de los tres restantes, aún prófugos, para evitar que se evadan de la ley.
A las dos de la tarde del miércoles González Esparza y su cliente Domínguez Ayala se hallaban en las inmediaciones del Palacio Federal cuando personal de la Policía Investigadora de la Fiscalía General cumplimentó las órdenes de aprehensión emitidas el martes por el Juzgado Segundo de lo Penal, de acuerdo con la averiguación previa 10454/2013 de la Agencia 13 de Abuso de Autoridad.
Fueron trasladados a las instalaciones de la Calle 14 en donde el abogado Osuna Pérez llegó después para verificar si, en efecto, se encontraba su socio detenido. En ese momento se le detuvo también por contar con una orden judicial.
La denuncia la presentó el SIAPA en 2013 por el delito de fraude específico, según establece la fracción octava del Artículo 252 del Código Penal del Estado de Jalisco.
Almaguer explicó que Domínguez Ayala demandó al SIAPA por despido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pues aseveró que laboraba como notificador fiscal con un sueldo de 48 mil 416 pesos mensuales, cuando en realidad estaba subcontratado para entregar notificaciones por las que se le pagaba una comisión por las cuentas recuperadas.
Generalmente estos ex notificadores contrataban a más personas por lo que las comisiones recibidas —que sí pudieron ascender a los 48 mil pesos— tenían que repartirse entre todos sus empleados.
La Secretaría del Trabajo reveló en 2013 que cuatro despachos de abogados incurrían en estas prácticas fraudulentas —falsedad de declaraciones, salarios inflados, por ejemplo— las cuales llegaron a sumar más de tres mil 500 demandas (hoy superan ocho mil) que involucraban incluso a servidores públicos en perjuicio de particulares, empresas y gobiernos por casi mil millones de pesos. La autoridad tiene ubicados en total a 66 abogados “talibanes” que reproducen estas prácticas.