Aunque México pasó del lugar 37 al 36 en su competitividad, en el rubro de Estado de Derecho ocupa el número 40 entre los 43 países que fueron medidos en el Índice de Competitividad Internacional 2015.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), en nuestro país este es el principal “lastre” de la competitividad, y es consecuencia de los retrocesos en costos de la delincuencia, inseguridad y corrupción.
Este último delito, explicó María Amparo Casar, titular de Anticorrupción del Imco, hace que se pierdan hasta 480 mil empleos. Si lográramos reducir un solo punto en materia de corrupción, podríamos reducir casi el 10 por ciento de la informalidad. El crecimiento de la informalidad se debe a la corrupción”, dijo.
Asimismo, aseguró que la corrupción frena el desarrollo económico y es más perjudicial para los pequeños y medianos empresarios e incluso “es de tal magnitud el impacto que pone en riesgo su supervivencia”.
“Además, el problema le pega más a los pequeñas y medianas empresas, ya que no cuentan con recursos para mediadores o gestores que les ayuden a resolver problemas como sobornos o extorsión”, detalló.
El Imco estimó que la corrupción cuesta hasta un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente alrededor de 890 mil millones de pesos, y reduce hasta en un 5 por ciento la inversión.
