En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó ayer por unanimidad al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate la reestructura de la deuda pública directa contraída con las instituciones Banorte y Santander, por mejora del perfil de vencimientos y condiciones financieras originalmente contratada, hasta por el saldo insoluto a 3 mil 685 millones 637 mil 872 pesos con la o las instituciones financieras nacionales que ofrezcan las mejores condiciones. A pagar a un plazo máximo de 20 años.
Se estableció que con el objetivo de que Gobierno del Estado disminuya su carga financiera y pueda contar con la liquidez necesaria para enfrentar los compromisos de corto plazo, cubra la demanda de inversión y libere recursos para el gasto social, infraestructura y la prestación de servicios públicos, y con ello evite que el efecto de la caída del crecimiento en las participaciones incida negativamente en las finanzas del Estado.
Esta reestructuración de la deuda permitirá obtener un ahorro en flujo aproximado de 853.9 millones de pe-sos para la administración actual y de 683.4 millones de pesos para la administración siguiente. Este ahorro disminuirá las presiones financieras sobre el balance fiscal del Estado a través de un perfil de pagos fiscal-mente responsable, ya que el servicio de la deuda representará una proporción cada vez menor de los Ingresos del Fondo General de Participaciones a través del tiempo.
Lo anterior porque la propuesta del Ejecutivo del Estado para reestructurar la deuda tiene el único propósito de que disminuya su carga financiera y liberar recursos para el gasto social, infraestructura y la prestación de servicios públicos.
También busca fortalecer las finanzas públicas del Estado con la reestructura descrita, ya que el peso de las amortizaciones de los créditos de deuda pública directa para esta administración que comienza, quedaron desfavorablemente incrementados con respecto a las realizadas por administraciones anteriores.
En este sentido, de acuerdo al escenario base, se observa que ninguna de las futuras administraciones estatales destinaria más del 3.6% de sus participaciones para el servicio de la deuda. Lo anterior evidencia la tendencia decreciente de los pagos (como proporción de los ingresos) entre las diferentes administraciones a través del tiempo, según se establece en el dictamen aprobado.
Se agrega que el Ejecutivo del Estado planteó esta propuesta de reestructuración debido a que el Fondo General de Participaciones Federales, principal fuente de pago de la deuda pública, ha sufrido una desaceleración desde junio del 2014, derivado en parte por la caída en los precios del petróleo y el panorama para la entidad no es favorable. Esto ha representado una disminución de 563 millones de pesos a septiembre de 2015 de las participaciones federales con respecto a lo presupuestado, lo que aunado al recorte del gasto federalizado para 2016, así como por un mayor costo financiero que refleja el incremento esperado en las tasas de interés, incidirá en presiones de gasto para el Estado.
Además, que el peso de las amortizaciones de los créditos de deuda pública directa para esta administración que comienza, quedaron desfavorablemente incrementados con respecto a las realizadas por administraciones anteriores, lo cual genera una presión adicional de gasto en el servicio de la deuda, y a efecto de no recurrir al endeudamiento de corto plazo para cubrir los compromisos, el cual resulta más caro, como medio para compensar el déficit presupuestal, o recurrir al incremento de los ingresos del Estado vía nuevos impuestos o alzas en los impuestos ya existentes, se prevé lograr disminuir el servicio de la deuda, mejorando el perfil de vencimientos de los principales créditos del Estado.
Antes de la votación, los legisladores Gerardo Serrano Gaviño, Manuel Barrera Guillén, Oscar Carlos Vera Fábregat, Jesús Cardona Mireles, Sergio Enrique Desfassiux Cabello, Fernando Chávez Méndez, Oscar Bautista Villegas, J. Guadalupe Torres Sánchez, José Ricardo García Melo, Martha Orta Rodríguez y Xitlálic Sánchez Servín se pronunciaron a favor de este dictamen en la Tribuna Legislativa.
Fue aprobado por mayoría, con 25 votos a favor y 1 abstención, un punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Meraz Rivera que solicita al titular del Poder Ejecutivo la comparecencia del titular de la Junta Estatal de Caminos, Ing. Porfirio Jesús Flores Vargas, a efecto de que informe sobre diversas inversiones en materia de infraestructura carretera y rehabilitación de caminos.
