Para prohibir la gestación por sustitución, comúnmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, el Senado de la República analiza en comisiones una reforma a la Ley General de Salud.
La reforma presentada por la senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene además los objetivos de imponer una sanción privativa de la libertad y una multa económica a las personas que la promuevan o participen en ella.
De acuerdo con la iniciativa esta práctica, que se ha extendido en varios estados del país como Tabasco, es violatoria de los derechos fundamentales de las mujeres y los niños involucrados; es una forma de explotación, que trae consigo conflictos como la explotación de mujeres; el tráfico de niñas, niños y órganos; y problemas legales.
En México, la flexibilidad de algunas legislaciones estatales, en particular las de Tabasco y Sinaloa, permiten la práctica bajo la figura de “maternidad subrogada”.
Según la senadora, esta actividad ha propiciado que el país “sea considerado como parte de un modelo de negocio global de alquiler de vientres”.
Ello, continuó, derivado de una situación legal que permite la subrogación comercial, y de la facilidad con que se puede encontrar a mujeres con altos índices de vulnerabilidad dispuestas a rentarse para mejorar su situación económica.
Romero Celis expuso que la prohibición del comercio con seres humanos mediante la explotación de mujeres con fines reproductivos es un tema que ha logrado importantes consensos entre las diversas fuerzas políticas de países como Francia, España, Alemania y Austria.
La legisladora priista dijo que está convencida de que la tendencia más protectora de los derechos humanos de las personas y, la más acorde con los dispositivos constitucionales del país, es aquella que la prohíbe.
“Un país respetuoso de la dignidad humana no puede consentir que las personas, en especial las mujeres y los niños, sean tratados como objetos y no como sujetos que necesitan protección”, abundó.
Agregó que para ello “necesitamos erradicar las prácticas que facilitan el comercio humano: desde sus modalidades más crudas, hasta las que se llevan a cabo de manera velada, como es el caso de la explotación de mujeres con fines reproductivos”.