Los independentistas pactaron ayer en el parlamento catalán iniciar el proceso de ruptura con España. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, calificó la actitud de “provocación” y prometió impedir la secesión utilizando “toda la fuerza de la ley”. La advertencia ha sido muy seria.
La coalición independentista Juntos por el Si, que integran Convergencia y Esquerra Republicana, junto con la izquierda radical secesionista, Cup, acordaron en el Parlamento catalán el proceso de ruptura con España a través de la organización de una República Catalana.
“El Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado Catalán independiente en forma de república”, dice el pacto de los secesionistas. Aclararon además que para la desconexión con España no se tendrán en cuenta las instituciones españolas en especial el Tribunal Constitucional.
Se abriría un proceso constituyente cuyos primeros pasos serían organizar Hacienda, servicio diplomático, y otras instituciones. El proyecto de Constitución de la República ya está listo. En medios secesionistas se calcula que el proceso estará completado, a más tardar en 14 meses.
El proyecto rupturista prevé que en los 30 días siguientes a la aprobación por el Parlamento catalán en un pleno extraordinario de la propuesta independentista se comiencen a tramitar las primeras leyes para “desconectar” a Cataluña del resto de España. Los secesionistas tienen mayoría absoluta en el parlamento.
Para enfrentar este desafío Rajoy habló con Pedro Sánchez, líder socialista, y Albert Rivera, de Ciudadanos, las dos fuerzas políticas principales además del oficialista Partido Popular. Según trascendió, el jefe del ejecutivo, informó que piensa recurrir cualquier medida rupturista con un recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional.
En este sentido el gobierno central hizo aprobar al Parlamento en Madrid una reforma que autoriza al Alto Tribunal de castigar con la inhabilitación a aquellos funcionarios que se nieguen a cumplir con sus sentencias contra medidas consideradas contrarias a la Constitución como la declaración de ruptura mediante la República catalana.
Queda un recurso más severo, que jamás se ha utilizado pero que está previsto en la Carta Magna, de suspender la autonomía. En ese caso, las autoridades regionales quedarían relevadas y se haría cargo de la autoridad el gobierno. Aunque nadie lo dice, está claro que esto implica el alerta a las fuerzas armadas a las que la Constitución hace responsable de la integridad territorial de España.
El clima política está muy crispado por estos acontecimientos que se producen cuando el 20 de diciembre próximo se realizarán elecciones generales para elegir un nuevo legislativo que, a su vez, debe designar un gobierno con un mandato de cuatro años.
La jornada de ayer fue muy conflictiva porque se sucedieron operaciones policiales de gran envergadura, ordenadas por la justicia, contra Jordi Pujol y su familia imputados por corrupción. Además, hubo otras vinculadas a las detenciones e indagatoria por el pago de comisiones ilegales, el famoso 3%, de empresas y personalidades de negocios. Estas sumas eran coimas para obtener concursos de obras, licencias y otras facilidades del gobierno catalán que se trucaban como “donaciones” a fundaciones del partido Convergencia Democrática, liderada por Artur Mas el presidente de la Generalitat.
Los independentistas acusaron de inmediato al gobierno de Rajoy de promover, con la excusa de la lucha anticorrupción, acciones espectaculares para desprestigiar a Mas y Convergencia Democrática.
El Partido Popular va a presentar en el Parlamento español un recurso para evitar que la propuesta rupturista sea admitida a trámite y Rajoy cuenta con que tanto los socialistas como Ciudadanos lo van a apoyar. Si la iniciativa del legislativo central no es aceptada le corresponderán las siguientes iniciativas al Poder Ejecutivo.
El pacto rupturista es una condición que debían cumplir Convergencia y Esquerra para que la alianza antisistema CUP, aporte sus votos a la formación de gobierno.
Sin los votos de la CUP es imposible lograr los apoyos necesarios para la aprobación parlamentaria del nuevo ejecutivo. La Cup, izquierda radical secesionista, es una enérgica crítica de Más por la corrupción y también por su política de recortes que comparan con la puesta en practica por Rajoy y el PP.