«¡Vaya, ya era hora!»

El ejercicio del gobierno genera conflictos inevitables, porque no se pueden satisfacer a todos los intereses cuando se toman decisiones. Las demandas ciudadanas suelen ser contradictorias en términos del funcionamiento de la ciudad y la autoridad debe hacer que prevalezca el interés del todo, sobre el de las partes. Es fácil acusar de falta de voluntad cuando no se satisfacen expectativas y demandas. Y todavía es más fácil para un gobierno no tomar decisiones, que tomarlas para librarse de estas acusaciones. En mi administración se tomaron decisiones y asumí, y asumo, los costos de las mismas. Nunca dudé en anteponer el interés del proyecto de ciudad a la promoción o al protagonismo político.
«…siendo realista ¿cómo se puede lucrar políticamente de un cargo y a la vez actuar con responsabilidad? ¡Las opciones son excluyentes! Alardear de encontrar el punto medio es un arte que muchos llaman la esencia de la política, cuando en realidad, a mi juicio, es la esencia de la antipolítica: Rehuir a tomar decisiones y no sufrir consecuencias por ello al costo de endosar facturas a las generaciones futuras, que mañana reclamarán lo que no se haga hoy y a tiempo…».
Eran mis palabras hacia el final de la comparecencia ante la asamblea legislativa del Distrito Federal el 17 de septiembre de 1997. Ahí estaba el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, quien había sido electo democráticamente como el primer Jefe de Gobierno de la ciudad de México, gracias a la reforma que promovimos y que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos. No estaba solo, ahí se encontraban también los diputados electos en esa misma fecha (una gran mayoría del PRD) y los miembros del equipo de transición.
A casi todos aquellos representantes populares los había yo conocido muy bien durante mis tres años al frente del gobierno de la ciudad, en su carácter de activistas sociales (la mayoría de ellos) y a los prospectos de colaboradores del Ing. Cárdenas, durante las muchas reuniones de la comisión de enlace que se constituyó para una mejor sucesión en el gobierno capitalino. Y si algo me preocupaba profundamente, era esa percepción que me había quedado acerca del singular entendimiento del ejercicio del gobierno que había percibido en ellos. Quizás por eso quise dejar clara la visión que teníamos nosotros del ejercicio de la autoridad, expresándolo desde la tribuna.
Precisamente porque desde aquel entonces pienso así, es por lo que celebro, al igual que millones de mexicanos, que Aurelio Nuño finalmente ha tomado decisiones que fueron largamente pospuestas haciendo peligrar la reforma educativa, la más importante y trascendente de cuantas se han emprendido en muchos años. Reforma que jamás se habría consolidado de haber prevalecido esa actitud laxa y permisiva de la autoridad que había hecho del desorden y la ilegalidad, el sello del entorno educativo en algunos lugares del país. De nada hubiera servido que exista una nueva legislación educativa, si no imperara la voluntad política de hacerla cumplir y respetar.
Y parece que, a diferencia del pasado inmediato, Nuño sí está decidido a hacerla valer. Efectivamente, ha tomado la decisión de cesar a 291 maestros que no se presentaron a cumplir con la evaluación obligatoria que forma parte de la que se conoce como la «evaluación diagnóstica», la cual resulta indispensable para conocer la situación en que se encuentran los maestros en lo relacionado con sus calificaciones para desempeñarse como es deseable.
Ese número de docentes representa menos del uno por ciento de los de educación básica y del tres por ciento de educación media y superior, con lo que se concluye que hubo una abrumadora mayoría de maestros que sí cumplieron con la ley y con su obligación, lo cual avala contundentemente, el que se aplique la ley en contra de quienes la violaron. Eso es lo que está haciendo el Secretario de Educación Pública y lo que respondió ante la pregunta de si habría mano dura: «Lo que haremos, dijo, es aplicar la ley». Y no solo en contra de los maestros faltistas, sino incluso advirtió sobre las sanciones que pueden recibir aquellos funcionarios de los estados que se nieguen a aplicar la ley.
Es pertinente observar que la evaluación diagnóstica es fundamental para una mejor educación, pues merced a ella se puede determinar en cuáles áreas se hace necesario mejorar. Es una herramienta de orientación ineludible, lo mismo para los maestros que para quienes se encargan de su formación y capacitación. Sin un diagnóstico adecuado, se llevarían a cabo acciones que podrían ser palos de ciego.
A nadie que se presentó a esta evaluación se le despidió o se le lastimaron sus prestaciones o derechos. Al contrario, gracias a este proceso es que los maestros podrán mejorar y resultar beneficiados por ello. Ya se ha explicado que aquellos que muestren fallas recibirán la capacitación adecuada y aquellos que obtengan calificaciones favorables, podrán ganar más y mejorar su situación personal y familiar. Esos son, sin duda, los incentivos adecuados.
Evidentemente, el secretario está obligado a mantener una actitud de diálogo permanente con los maestros de México. Son ellos quienes más conocen de los problemas que enfrenta la educación. Pero pretender que ese diálogo se busque para «concertar» las vías para no implementar la reforma educativa, para violar sistemáticamente la ley, es simplemente, como lo ha venido dejando claro, inaceptable. Soy uno de esos millones de mexicanos que reaccionamos con enojo ante la decisión de suspender la aplicación de la ley ante el proceso electoral que se avecinaba. Por una simple razón: no se puede violar la ley (educativa) para permitir la vigencia de otra ley (la electoral), eso no es otra cosa que un contrasentido.
Enhorabuena por estas decisiones que hacen recuperar la esperanza en que esta reforma sea de verdad y llegue a todos los educandos de México. Ahora, lo importante es tener presente que una golondrina no hace verano.