Dentro de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado opera una bien organizada banda de extorsionadores, quienes se dedican a “fabricar” delitos a personas de otras entidades del país, quienes tras ser detenidos y trasladados a esta ciudad, se les piden a sus familiares fuertes cantidades de dinero para dejarlos en libertad.
Esta situación ya fue denunciada del procurador Federico Garza Herrera, quien manifestó que ya tenía conocimiento de esta grave irregularidad, por lo ya se está investigando para proceder conforme a la ley contra los responsables.
Lo anterior fue denunciado por los abogados Arturo Tello Gutiérrez y Armando Rodríguez Pinal, quienes precisaron que funcionarios de la PGJE fabrican delitos por fraude de varios millones de pesos y mediante el Juzgado Tercero Penal se liberan órdenes de aprehensión con documentos apócrifos, contra personas previamente seleccionadas de otros estados, muchos de los cuales nunca en su vida habían estado en San Luis Potosí.
Un caso de ellos lo representa el empresario veracruzano Rodrigo Torres,, contra quien giraron una orden de aprehensión y lo trasladaron a esta ciudad, luego de que vía fast track, en 30 días integraron y consignaron la averiguación al Juzgado Tercero Penal, quien libró la orden de aprehensión.
A los inculpados le tomaron su declaración preparatoria, sin darle oportunidad de contar con un abogado particular, sino con uno público, para posteriormente dictarle el auto de formal prisión.
Durante el transcurso del procedimiento jurídico personas ajenas buscan al indiciado y a sus familiares a quienes les piden sumas millonarias de dinero para que logren salir en libertad.