El ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga deberá pagar una multa de 7 mil 790 millones de pesos y podría ser inhabilitado hasta por 20 años para ocupar un cargo público, de proceder el amparo directo que interpuso la Contraloría del Estado para continuar con el proceso que se inició en su contra.
Lo anterior fue informado por el contralor estatal, Ga-briel Rosillo, al precisar que se busca la restitución del patrimonio del estado afectado por la administración estatal 2003-2009.
Puntualizó que la Contra-loría General del estado interpuso un amparo directo para poder continuar con el proceso de multar e inhabilitar al ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga.
Explicó que luego de la decisión del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo de declarar este caso fuera del área de competencia de la Contraloría, se recurrió a la ley de servidores públicos.
Se busca aplicar el artículo 81 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios, por considerar que “un ex gobernador es un servidor público y así está catalogado en la propia legislación”
De proceder lo anterior y encontrase responsable al ex mandatario potosino, Marcelo de los Santos Fraga deberá cubrir una multa que asciende a 7 mil 790 millones de pesos, que es 3 veces la afectación de 2 mil 600 millones, producto de los mil 500 del crédito más los pagos financiaros y ser inhabilitado por 20 años.
“Un ex gobernador es un servidor público y así está catalogado en la propia ley, hay prescripción de tres años a partir el acto del cual se está fincando responsabilidad o termina de hacerse ese acto de manera tal que si consideramos que el crédito por el cual se le fincó la responsabilidad concluyó en sus movimiento alrededor del término del período gubernamental, el 25 de septiembre del 2009, la Contraloría tenía hasta el 25 de septiembre del 2012 para fincar esa responsabilidad por la vía administrativa”, dijo el funcionario.
Adicionalmente, señaló el Contralor, se recurrió al artículo 7 de la ley del amparo que señala que si los organismos públicos son afectados en su patrimonio pueden acudir al amparo directo, el viernes pasado la fue presentado el recurso que finalmente tendrá que ser trasladado al tribunal colegiado del 9º circuito federal, por lo que queda en manos de la justicia federal.
En este sentido, “esperaremos y acataremos como lo hemos hecho siempre la disposición jurídica de los tribunales”, anotó el contralor del estado, tras de que la determinación del T ECA fue que el ex gobernador podría ser sujeto solamente de juicio político durante su encargo y un año posterior”.
Sin embargo, “nuestra interpretación es que se aplica el artículo 81 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios” arriba enunciado, finalizó.
