Durante su intervención en la XII Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián expuso que el 26 de septiembre de 2014, “México vivió una terrible noche de la que todavía no hemos podido salir completamente”.
43 jóvenes normalistas, hijos de familias muy pobres, fueron desaparecidos por policías de dos municipios que forman parte del estado más violento de nuestro país; conforme a las investigaciones, fueron entregados por los policías a un grupo de la delincuencia organizada, que los mató y desapareció”, añadió.
115 personas, presuntos delincuentes, han sido puestas a disposición de los jueces”, en tanto “la versión de los hechos ha sido plenamente avalada por un grupo de cinco expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, detalló.
Ante más de 50 presidentes y representantes de comisiones de Derechos Humanos del mundo, Campa Cifrián señaló que los especialistas “han puesto en duda que todos los estudiantes hayan sido calcinados en un basurero a cielo abierto de esa región”.
Pese a ello, reiteró que “el gobierno de México, bajo el escrutinio del sistema internacional, ratifica su compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia».
En torno al encuentro, cuyo objetivo es “El desarrollo sostenible, ¿Qué Papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos?”, dijo que para México “el propósito central y último de todas las acciones es el de consolidar unas sociedad de garantía”.
Partiendo de lo establecido en los instrumentos internacionales, la perspectiva con la que se trabaja actualmente en nuestro país.
Es la de considerar el desarrollo y los derechos humanos como dos elementos indisolubles”, agregó. No puede hablarse de desarrollo sustentable si no existe un marco de pleno respeto a los derechos humanos que lo respalde, así se estableció en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986 con la declaración sobre el respeto al desarrollo y a la persona», explicó.
Remarcó que el programa de Naciones Unidas señala que el desarrollo humano sustentable abarca todos los derechos humanos: sociales, culturales, civiles y políticos.
Con base a este marco legal y conceptual “es que México ha tomado la determinación de priorizar la política de derechos humanos y convertirla en una política de Estado”, dijo.
Son muchas más las acciones que derivan de esta decisión y entre otras se encuentra el haber elaborado un Programa Nacional de Derechos Humanos, que es el instrumento rector de la política pública y da sentido a 22 programas”, detalló.