La campaña política para las elecciones catalanas que se celebran hoy terminó con más incógnitas que con las que comenzó hace dos semanas.
Hay demasiada bruma en el horizonte catalán para anticipar lo que pasará después de unos comicios que
formalmente son legislativos, pero que para los nacionalistas son un plebiscito en favor o en contra de la independencia.
Lo único que parece estar claro, según todas las encuestas, es el triunfo de los partidos soberanistas aglutinados en torno a una lista única denominada Junts pel Sí (Juntos por el Sí).
De conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento —68 de los 135 escaños— se iniciaría un proceso hacia una Cataluña independiente de España en 18 meses. Al menos eso es lo que han prometido los políticos que defienden la independencia, encabezados por el presidente catalán Artur Mas.
El actual proceso catalán abre un escenario político y social inédito en España. ¿Qué pasará el día después de estas elecciones? La respuesta varía en función de quién la responda.
Escenario planteado por el bloque independentista. Si Junts pel Sí gana, se aprobará de inmediato una declaración en el Parlamento para informar a las instituciones españolas, europeas e internacionales del inicio del proceso de secesión.
En la hoja de ruta soberanista el primer paso es “acudir a Madrid para negociar la separación amistosa de Cataluña”. En caso de que el gobierno español se negara a llegar a un acuerdo, el plan es proclamar —no se especifica cuándo— una Declaración Unilateral de Independencia (DIU), según consta en el Libro Blanco de la secesión, un extenso documento realizado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el órgano del gobierno catalán que dicta los pasos que se deberán seguir para conseguir la separación con las máximas garantías de éxito.
A partir de aquí, las instituciones catalanas ya no reconocerían la legalidad española y el nuevo gobierno catalán, que previsiblemente seguirá siendo presidido por Artur Mas, emprenderá la creación de “estructuras de Estado propias” como una Hacienda, una administración tributaria, un poder judicial, órganos de suministro de energía, agua o transporte, etcétera.
Hasta que el nuevo gobierno independentista tenga listas las nuevas “estructuras de Estado”, Cataluña seguiría dentro de España. Durante este proceso el Parlamento aprobaría la “Ley de transitoriedad jurídica” para evitar vacíos legales y una “Ley del proceso constituyente” que concluiría con la redacción de la Constitución catalana.
“El proceso de transición nacional hacia la proclamación de un nuevo Estado o República catalana culminará en un periodo máximo de 18 meses”, se lee en la hoja de ruta firmada por los partidos nacionalistas.
Escenario planteado por el gobierno español. El presidente Mariano Rajoy ha negado de forma categórica la posibilidad de que Cataluña se convierta en una región independiente.
“Lo que se promete a los catalanes es un proceso de inestabilidad e ilegal (…) en España se va a cumplir la ley”. Pero a pesar de las contundentes declaraciones públicas de Rajoy, aún no se conoce cuál será la estrategia que seguirá su gobierno para detener los planes independentistas.
Diferentes especialistas en derecho constitucional consideran que la hipotética proclamación de independencia catalana carece de encaje legal en el ordenamiento jurídico nacional ya que se realizaría mediante un acuerdo político “sin rango de ley”.
Es decir, que el posible decreto de Declaración Unilateral de Independencia (DIU) que emitiría el Parlamento catalán sería inmediatamente impugnado por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional, que a su vez suspendería la resolución durante un plazo máximo de cinco meses.
Además de recurrir la DIU, el Tribunal Constitucional podría multar e incluso suspender “a los funcionarios gobernantes que no cumplan sus sentencias y sus resoluciones”. Esta reforma se está tramitando a instancias del Partido Popular y está previsto que el Congreso español la apruebe en los próximos días.
El gobierno español dispondría de otros medios, aunque son más extremos, para intentar frenar el proceso de independencia de Cataluña. Por ejemplo, aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central asumir durante un tiempo el control de algún gobierno autonómico, si no cumpliera “las obligaciones que la Constitución establece”.
Estatus en la UE
La permanencia de Cataluña dentro de la Unión Europea es otra de las interrogantes.
Por un lado los independentistas, en voz de Artur Mas, aseguran que “una Cataluña independiente seguirá formando parte de la Unión Europea”, ya que actualmente “no existen los mecanismos legales” para que los ciudadanos catalanes queden fuera. “No se puede expulsar a siete millones y medio de ciudadanos europeos”, dijo Mas.
Pero esta postura tan optimista de los partidos independentistas choca con la opinión que se tiene desde el gobierno español. El viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a decir que “cuando un Estado se declara independiente, no sería reconocido fuera” y “no existiría como Estado”.
A esta posición se suman líderes europeos como la alemana Angela Merkel, el británico David Cameron y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Expertos en asuntos europeos afirman que para que una Cataluña independiente vuelva a formar parte del
club comunitario deberá pedir su adhesión. Pero su ingreso tendría que ser respaldado por unanimidad por los 28 Estados miembro, lo que significa que cualquiera de ellos, incluido España, podría vetarlo.
Pasaporte español
La Constitución española dice que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”, lo que significa que los 7.5 millones de ciudadanos de una hipotética Cataluña independiente podrán conservar la nacionalidad española.
Pero esto no implica que tendrán doble nacionalidad, ya que si el Estado no reconoce la independencia la “nacionalidad catalana” no tendrá ninguna validez, dentro ni fuera de España.
“Los ciudadanos podrían seguir teniendo sus derechos reconocidos en otro Estado por la nacionalidad española, no por una nación que no existe si ese Estado no es reconocido”, señaló la vicepresidenta española, Saénz de Santamaría.
Hoy por hoy, el euro es una moneda que es utilizada por 19 de los 28 países miembro de la Unión Europea. Pero existen países que sin formar parte de la zona euro la usan como moneda oficial como Andorra, Mónaco, San Marino, El Vaticano y las exrepúblicas yugoslavas de Kosovo y Montenegro.
Con estos antecedentes, lo más probable es que Cataluña pueda seguir usando el euro, tras un acuerdo monetario con la UE. De ser así, el euro sería una moneda extranjera y Cataluña quedaría desvinculada del Banco Central Europeo, situación que supondría quedar fuera de las líneas de crédito, de las ayudas y de posibles rescates.
La consulta llega hasta el ámbito deportivo. La hipotética independencia de Cataluña tendría consecuencias en la política, en la economía y también en el deporte. Y en este terreno todas las miradas se dirigen al Barça, el equipo catalán que es considerado uno de los mejores del mundo. Si ocurriera la secesión, ¿qué futuro le depara al Futbol Club Barcelona? La respuesta a esta pregunta está aún en el aire.
“En el caso de que Cataluña se independizara, los estados deberían llegar a un acuerdo para que el Barcelona fuera admitido en la liga española, algo que la Ley del Deporte no permite actualmente”, dijo estos días el presidente de la Liga de Futbol Profesional en España (LFP), Javier Tebas. Pero advirtió que la permanencia del Barça estaría condicionada a ese acuerdo, pues de lo contrario “sería imposible que los equipos catalanes participaran en las competiciones españolas”.
Por su parte, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu ha explicado que si el club es consultado “diremos que queremos seguir jugando la LFP, pero es evidente que si no existen relaciones entre España y Cataluña, difícilmente podremos jugar.”
Camino incierto
Las elecciones en Cataluña sólo serán el comienzo de una camino que se antoja largo e incierto. El destino político y social de Cataluña depende en buena parte del resultado de estos comicios que aquí son considerados como históricos.
“Señor Mas, ¿nos va llevar a la ruina, verdad?”, le preguntó hace unos días una mujer al presidente Mas a las puertas de una iglesia de Barcelona. El político catalán no respondió, pero la pregunta se quedó en el aire. Interrogantes como la de esta señora y muchas más tendrán que ser respondidas a partir del 28 de septiembre.
“SE CONJUNTAN GRANDES FUERZAS”
Hoy tendrán lugar las “elecciones más importantes de Cataluña en los últimos 300 años”, para elegir a 135 miembros de su parlamento regional, pero conllevarán también una consulta para decidir si la comunidad se independiza o no de España.
“Siempre ha existido una parte de la población catalana que ha querido recuperar la libertad de Cataluña y construir un Estado independiente tras la derrota de Barcelona en 1714”, destacó en entrevista con un Diario de circulación nacional Anna Pi i Murugó, representante en México de la Assemblea Nacional Catalana.
“Hay movilización ciudadana, unidad política y apoyo casi total de los municipios. La fuerza del proceso se demostró otra vez el sábado 4 de octubre cuando más de 800 alcaldes se reunieron en el palacio de la Generalitat para entregar actas de apoyo a la consulta (independentista): 920 municipios de un total de 947, el 96 por ciento de los municipios catalanes están a favor”, dijo.
Anna Pi i Murugó agregó que las mayores organizaciones civiles de Cataluña han vuelto a unir esfuerzos bajo el lema “vuelven las urnas, volvemos a la calle”.