Una comisión investigadora del Congreso recomendó ayer retirar la inmunidad al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, para que responda a los cargos por corrupción, aunque será el pleno el que decida tal extremo de reunirse 105 votos (dos terceras partes del total).
Esta comisión considera necesario y recomienda que el presidente, Otto Fernando Pérez Molina, sea puesto a disposición de la justicia común”, indica el documento firmado por los cinco diputados integrantes de la comisión.
El dictamen de la comisión se dio por adelantado, pues de acuerdo con su cronograma de trabajo definido y publicado el viernes, se había fijado mañana como fecha para dar a conocer el resultado de su análisis.
El trámite se cumple en medio de la expectativa ciudadana dado que Guatemala celebra elecciones generales el domingo 6 de septiembre y el trámite para el despojo de la inmunidad al mandatario, en una u otra vía, tendrá influencia sobre los comicios, advirtieron analistas.
En tanto, manifestantes volvieron ayer a las calles de manera ruidosa, pero pacífica, y miles se concentraron en la Plaza Central, lugar donde el jueves unos 100 mil manifestantes cumplieron una histórica jornada de unidad contra el mandatario.
La comisión pesquisidora cumplió ayer su segunda sesión de trabajo tras integrarse el jueves mediante sorteo durante una sesión ordinaria del Congreso.
Hará anuncio
Ante los hechos acaecidos durante la última semana y después de la insistencia de la población y de los medios de comunicación, fuentes de la Presidencia de Guatemala adelantaron que Pérez Molina dará una conferencia el próximo lunes. No dieron más detalles.
En su segundo día de trabajo, los cinco integrantes de la comisión tenían previsto escuchar al presidente Pérez, pero éste envió como representante a su abogado, César Calderón, quien sostuvo que “las evidencias que sustentan la acusación no prueban su supuesta responsabilidad en los hechos denunciados”.
Pérez enfrenta desde el 21 de agosto una denuncia penal formulada por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala, de la ONU, por dirigir una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera.
El informe de la comisión, cuya función está contemplada en una ley específica para este tipo de casos, continuará hoy su trámite administrativo en el órgano legislativo.
RETRASAN EL TRASLADO DE ROXANA BALDETTI
El cambio de prisión de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, acusada de liderar una red de corrupción aduanera, fue aplazado y tiene de margen para efectuarlo hasta el próximo miércoles, informó una fuente oficial.
El portavoz del Sistema Penitenciario (SP), Rudy Esquivel, explicó que fue el viernes cuando el ente carcelario recibió la orden del juez Miguel Ángel Gálvez, en la que se dictamina el traslado.
La exvicepresidenta está presa desde el viernes 21 en una cárcel del Centro Militar Matamoros, pero según la resolución de Gálvez, quien instruye la causa de Baldetti, la exalta funcionaria debe ser trasladada a la prisión preventiva Santa Teresa, situada en el norte de la capital.
Los abogados de la exvicepresidenta interpusieron un recurso el viernes para evitar el cambio de prisión, argumentando que su vida está en riesgo.
Una solicitud similar fue planteada ante Gálvez el mismo miércoles, pero el magistrado denegó el pedido.
Baldetti está acusada de dirigir en complicidad con el presidente del país, Otto Pérez Molina, una red criminal que ingresó al menos mil 400 contenedores de manera ilegal en las aduanas del país y se acreditó el dinero de impuestos que debieron ir hacia el Estado.
La acusación fue planteada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esquivel recordó que, desde que se recibió la orden del juez, el SP tiene tres días hábiles para adecuar un espacio seguro para Baldetti, porque el próximo miércoles sería el último día disponible.
No obstante, agregó, el cambio de prisión no se hace nunca ni oficial ni público porque el Sistema Penitenciario debe velar por la seguridad de los reclusos en cualquier caso y más en éste al que tildó de “gran impacto social”.