De acuerdo con la nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Congreso del Estado aprobó establecer una Procuraduría especializada para la protección y restitución de sus derechos.
Al contar con un órgano de procuración que ya defiende los derechos de este sector de la población, se precisa su nombre y atribuciones que establece la Ley Federal, pero permanece con la misma estructura administrativa; dicha instancia tiene ocho representaciones en la regiones del Estado, para cumplir los requerimientos que la norma federal exige.
Diputados y diputadas de la comisiones, de Derechos Humanos Equidad y Género y Justicia, dictaminaron la iniciativa que insta modificar estipulaciones diversas de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, presentada por los diputados, Rosa Ma. Huerta Valdez, Crisógono Sánchez Lara y Jaén Castilla Jonguitud.
Las modificaciones que se hacen en la legislación federal tienen repercusiones en la normativa, sobre todo cuando se expiden ordenamientos de carácter general es así que, la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, utiliza una jerga jurídica en relación con las niñas, niños y adolescentes,
Según expone el dictamen con proyecto de decreto, aunque no se considera discrimi-natoria y peyorativa al referirse a este sector de la sociedad como menores, en ese tenor, se cambia la connotación de menor por la de niñas, niños y adolescentes, por ser el lenguaje que contiene la ley federal en esta materia.
Por otro lado, la Ley obliga a las Entidades Federativas a tener una Procuraduría de Protección especializada para la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de manera que al contar con un órgano de procuración que ya defiende los derechos de este sector de la población, se determinó precisar su nombre y conferirle las atribuciones que establece a nivel Federal, pero permaneciendo con la misma estructura administrativa.
Será fundamental en esta institución la corresponsa-bilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, contando con la coordinación entre las diferentes autoridades nacionales, estatales y municipales para la implementación de políticas públicas que coadyuven en la labor de brindar una mayor protección a los derechos de los menores.
Evitarán que los menores dejen de ver a sus padres solo porque uno de ellos no quiera
Fue aprobado por unanimidad reformar el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, a fin de garantizar el desarrollo normal de un o una menor, situación que sólo se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece.
La reforma permite y otorga a niños y niñas la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, lo cual se logra cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y, fundamentalmente, la convivencia con los padres y sus parientes, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico.
En ese sentido, no podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda correspondan a uno de ellos, operando las consecuencias jurídicas cuando esto se actualice.