En la meta de aplicar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en junio de 2016 no se anticipa una prórroga, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que todas las entidades tendrán que redoblar esfuerzos para cumplir el objetivo.
Al inaugurar ayer la XXXIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el mandatario informó que su gobierno ha destinado alrededor de 10 mil millones de pesos para hacer realidad el ordenamiento constitucional, lo que significa una inversión 337% más que la dedicada desde 2008, cuando se aprobó el nuevo modelo de justicia penal, a 2012, cuando inició la actual administración.
“El tiempo apremia, el tiempo que resta es corto y esto demanda a todas las instituciones del Estado mexicano y a los Poderes de la Unión que realmente cerremos filas, trabajemos de manera coordinada, como lo hemos venido haciendo, demostrando que esta coordinación se acredita en eficacia y en el resultado esperado para que en junio del próximo año entre en plena vigencia”, subrayó.
Ante procuradores y fiscales generales, puntualizó que hoy las instituciones de justicia del país enfrentan tres retos: sujetar su actuar a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos; ser eficaces en la entrega de resultados que demanda la sociedad, y estar a la altura de la transformación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
“La justicia es un valor consustancial a una nación democrática. Es, también, una condición indispensable para el progreso armónico de la sociedad. La justicia es pilar del orden constitucional; es el sustento básico de la gobernabilidad, de la paz y de la tranquilidad social”.
El procurar justicia es un deber fundamental de todo Estado, agregó Peña Nieto y “exigirla con prontitud y certeza es un derecho fundamental de toda persona.
“Cambiar un modelo significa también establecer una nueva cultura de la legalidad”.
Homologan protocolos
A partir de hoy entran en vigor en todas las procuradurías y fiscalías del país los protocolos homologados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada de persona, así como para la búsqueda de desaparecidos, anunció Arely Gómez González, titular de la PGR.
Afirmó que la desaparición forzada de personas y la tortura son los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana, por las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican, y estos protocolos permitirán mayores sanciones a los responsables.
Gómez González encabezó ayer los trabajos de la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que fue inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Ante procuradores y fiscales de todas las entidades del país, e integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la titular de la PGR indicó que la procuración de justicia y la seguridad siguen siendo los reclamos más importantes de la sociedad.