Desde hace algún tiempo se ha venido manejando en los corrillos políticos la sarta de errores que se cometen a diario en las oficinas de los improvisados que han sido ungidos en el gabinete de los Estados Unidos «mexiquenses».
Algunos estropicios no pasan de ser fabulados como viles gazapos, otros como juegos de ñoños, algunos más como trastupijes del juego de Juan Pirulero, otros como sandeces complicitarias o como viles atracos al presupuesto.
Pero los que atañen a la justicia pura y dura merecen mención aparte. Porque tocan la delgada piel de un colectivo desencantado y en franco repudio a los pueriles procederes de un puñado de palurdos que rayan en la inmundicia y sumen en el profundo descrédito la poca reputación que le resta al país.
Ciudadanos de escasa estofa que juegan con la aplicación del Derecho, como si éste no fuera más que un conjunto de reglas vacuas, redactadas y, lo que es peor, interpretadas al contentillo por abogados ignorantes y sin escrúpulo alguno.
Desde hace miles de años en el mundo civilizado se acata con riguroso juicio el principio jurídico ancestral recopilado en las Pandectas de Justiniano, consistente en que «la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento».
Este es válido para cualquier ciudadano, por el sólo hecho de existir como persona jurídica. Lo es más para cualquier fruncionario que, según el Estado de derecho «puede hacer sólo aquello que la ley le autoriza», sin poder prejuzgar sobre una motivación contraria al espíritu del legislador.
Tortura al ciudadano y a la norma
Si desde los albores de la presente «comalada» sexenal, fue evidente el desprecio a la ley y a los procedimientos esenciales de la Constitución la vendetta procesal en contra de Elba Esther Gordillo, hoy asoma en toda su crudeza la cara vil de la tortura judicial.
Si desde un principio el fiscal «cansado» de la Nación, el intrépido Jesús Murillo Karam, se dedicó a negociar con la procuración de justicia, también se hizo evidente que sus abogados ministeriales no fueron capaces de fincar un expediente sólido que fundamentara los principios del? encausamiento.
Si desde un principio se demostró –al menos ante la opinión pública, no se pudo ante otra instancia «comprometida»– que todo se trataba de una perversidad de Emilio Chuayffet y de sus jefes para quitarla de en medio y tras ello echar adelante la «reforma educativa».
Si desde un principio, la detención de Elba Esther se constituyó en manos de sus acusadores en un pesado fardo para dar bastonazos de ciego y no poder dar un palo al agua en esto del manejo de las cuestiones magisteriales, no obstante haberlo blandido como el casus belli.
Si desde siempre Enrique Peña Nieto se fue con el trapo de las promesas de sus «operadores» para irse por la libre para controlar el sindicato magisterial y todas las ramificaciones contestatarias del mismo.
Ahora aparece la sevicia, en forma excesiva, de tortura al ciudadano y a la norma?, para eximirse del cumplimiento de la ley e imponer la «ley de la selva» en un proceso errático, torpe y amañado para hacerla pagar todas las culpas de su insólita incompetencia.
Tretas de tinterillos huizacheros
«Abogados» ministeriales, representantes de la sociedad, acaban de concluir en la necesidad de cancelar una prerrogativa de Gordillo consistente en la posibilidad legal del arraigo domiciliario por razón de la edad legal cumplida, mientras acaban de estudiar un caso que no pueden integrar a tres años de incoado.
Con absurdas y malévolas tretas de tinterillo huizachero, los famosos abogados acaban de solicitar cancelarle el derecho individual, por razones de Estado, alegando que «puede fugarse» o a lo mejor «conspirar» desde su domicilio, pese a ?lo avanzado de su edad y a su delicado estado de salud.
Es increíble el grado de sumisión al poderoso. Es increíble el estado de predicamento en que están poniendo a la justicia estos paniaguados de la televisiva Arely Gómez quien, dicho sea de paso, jamás comprobó experiencia alguna –igual que sus dos antecesores– de un trámite previo ante cualquier barandilla.
Lo mismo que Medina Mora, que sin experiencia jurídica de ninguna cuantía fue llevado a la PGR, después de ser policía de farol de cuarta, y luego a la Embajada en Estados Unidos y ahora, para descrédito del foro nacional en el pináculo de la Suprema Corta de Justicia.
Da igual. Ninguno sirve para un barrido, ni un trapeado, pero alguien tiene que salir a balbucear ante la sociedad, que les confió la custodia de sus garantías constitucionales, las razones para fundamentar esta monumental barrabasada.
El Estado de Derecho, de ser una ilusión pacata, ha pasado a ser un estercolero, en donde, como sostenía el eminente jurista Walter Benjamin, su cumplimiento es la excepción del derecho.
Regresa México a vivir las sandeces jurídicas que relataba Víctor Hugo en Nuestra Señora de París, donde la gente era procesada y sentenciada por el sólo juicio de los decires, de los cotilleos y cuchicheo de los poderosos.
Ninguno como los actuales gobernantes para que crezca el clamor de la posibilidad del juicio político constitucional a los mandatarios en ejercicio por responsabilidades de omisión y extralimitación en sus funciones.
¿Cuándo “enjuiciarán” nuestros derechos?
Sí antes era una ilusión, hoy se convierte en realidad la revisión puntual de los límites del «Jefe del Estado» para poner frenos al abuso del poder extralegal y el control efectivo de la representación política sobre la reserva monetaria y su paridad internacional.
Sobre todo, ahora que el pasado fin de semana, en medio de un maratón funambulesco declarara que es condición indispensable para el desarrollo del país la devaluación de la moneda. ¿Sabrán lo que esto significa en un país de hambrientos?
?Hablan porque tienen un aparato fonético para hacerlo? ¿O como le hacía el titiritero y ventrílocuo Don Carlos a sus personajes Neto y Titino, para hacer reír a la concurrencia con sus dislates?
¿Será que el Poder Judicial se ha uncido vergonzosamente al cabús del Ejecutivo, en una actitud palafrenaria y cortesana, comparable con las etapas más oscuras de la historia?
¿Será que llegó a su punto cero la realidad del hartazgo ciudadano y la incompetencia de los ingobernables, mientras estamos a punto de agarrarnos a mordidas y pedradas los habitantes de a pie de este país?
¿Por qué no toman la palabra los ameritados colegios de profesionales del derecho, sus «barras», los catedráticos universitarios eméritos y decanos, las voces autorizadas de la opinión pública, los comentaristas de las cejas levantadas?
¿Por qué ninguno de los proverbiales abajo firmantes dice «esta boca es mía», para espetar siquiera una oración de reproche a los nefastos? ¡No puede ser que todos estén amenazados por un poder que sólo existe en sus mentes!
¿Será que se hizo realidad la maldición de José López Portillo y ya nos convertimos en un país de cínicos? ¿Será que todos sangran por los poros de sus nóminas y a eso se debe que haya crecido en un 271?% los gastos de la «publicidad» presidencial?
¿Puede comprarse la voz pública de un país? ¿Puede amordazarse la conciencia de un pueblo, proverbial defensor del derecho? ¿Están pagando en dólares? Porque dudo que los zarandeados pesos? –que ya no llegan ni a bilimbiques– alcancen para tanto.
