La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy los actos de violencia presuntamente cometidos por funcionarios en contra de menores de edad internados en un centro de detención en Montevideo, Uruguay.
«La CIDH urge al Estado continuar con las investigaciones ordenadas por la Corte, castigar a aquellos responsables y adoptar medidas para asegurar que eventos similares no se repitan», señaló un comunicado la institución autónoma en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Un video de seguridad muestra al menos 30 empleados del Instituto de la Niñez y el Adolescente de Uruguay (INAU), cuando agredieron a puñetazos y patadas a dos adolescentes internos en el Hogar Caprili, que cuenta con una población de 60 jóvenes de entre 16 y 19 años.
Los jóvenes habían roto la tapa de un registro de concreto en el suelo de la zona de celdas para atraer la atención de las autoridades. Sin embargo, las imágenes muestran que estaban desarmados y no opusieron resistencia a la llegada de los funcionarios del INAU que se encontraban en una reunión sindicalista.
«Este video es profundamente perturbador», señaló Rosa María Ortiz, relatora sobre los de Derechos de la Niñez de la CIDH. Apuntó la preocupación de la Comisión por reportes de que los hechos no fueron la «excepción, sino una práctica extendida».
La relatora recomendó a las autoridades estatales en Uruguay adoptar con «urgencia» medidas para evitar la repetición del maltrato, incluidas «prácticas de justicia restaurativa», así como protocolos que den prioridad al diálogo y programas de soluciones alternativas, no violentas, de conflictos.
Apuntó la necesidad de crear las condiciones estructurales y administrativas con personal idóneo, y despedir a aquellos funcionarios que no acepten esas prácticas.
LA CIDH indicó que Ortiz visitó en 2014 centros de detención en Uruguay, en donde observó condiciones «inhumanas», quejas de tortura, maltrato, falta de entrenamiento del personal y ausencia de actividades educativas y recreacionales, encaminadas a la rehabilitación y reintegración de los internos.
Asimismo, dio la bienvenida a la creación del Sistema de Responsabilidades Penal del Adolescente (SIRPA), cuyo fin es buscar la reintegración social de los adolescentes. Sin embargo expresó preocupación por los cambios legislativos al sistema judicial juvenil, que impone mayores penalidades a los menores de edad infractores, así como satisfacción por el rechazo de una propuesta para reducir la edad de responsabilidad criminal de 18 a 16 años en el país sudamericano.