Sancionan a PRI Y PRD por inconsistencias en gastos

En Sesión Ordinaria, el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana declaró fundados los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento de partidos políticos, instaurados en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 14 amonestaciones públicas a diversos precandidatos del citado partido; por inconsistencias detectadas en el gasto ejercido en el período de precampañas correspondientes al proceso electoral 2011-2012.
Por lo tanto sólo amonestaciones públicas recibirán PRD y PRI aseguró el consejero Martín Faz Mora quien dijo que la sanción se dio por las conductas irregularidades en las que incurrieron ambos partidos en las precampañas del proceso 2011-2012 al no presentar informes al Ceepac durante este lapso así como no presentar los comodatos de donaciones que obtuvieron en especie. Dichas omisiones no representen un daño al patrimonio público, por lo que se optó por un señalamiento público al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Revolucionario Institucional y a 15 de sus precandidatas.
Por otra parte, el Organismo Electoral aprobó modificaciones y adiciones al acuerdo del pleno mediante el cual se emitieron los lineamientos que se aplicarán para el retiro de propaganda electoral correspondiente al proceso electoral 2014-2015 y se aprobó de manera general el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el cual regula las prestaciones que hasta la fecha han estado percibiendo los trabajadores del organismo electoral, pero que a raíz de su aprobación les permite mayor certeza en su relación laboral.
Asimismo se aprobó el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El Consejero Rodolfo Aguilar Gallegos, como integrante de la Comisión de Administración explicó que el documento es importante para la vida institucional del CEEPAC, porque da certeza a todas las prestaciones y emolumentos que recibe el personal, y que no se tenía a pesar de que era un requisito observado por la Auditoria Superior del Estado.