Para lograr un correcto seguimiento de los proyectos sin que medie el cambio de administración tanto estatal como municipal, el diputado Luis Enrique Acosta Páramo presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí.
En esta iniciativa, el legislador propone contar con reglas más detalladas y actualizadas para la entrega de la documentación entre las administraciones, lo cual permitirá un ahorro importante de recursos a los municipios y al estado, que se pierden o que no se destinan por el cambio de administración.
Así, dentro del proceso de entrega-recepción, los funcionarios deberán integrar un informe pormenorizado de los expedientes y archivos que se desahogan y se desahogaron en su encargo, en el que se detallen los avances hasta el momento, obras públicas en proceso, reglamentos de orden municipal, manuales de organización y de procedimientos, entre otros.
“Se busca establecer bases de funcionamiento para el cambio de titulares en todos los ámbitos, con el fin de brindar herramientas para ejercer una correcta gestión pública, y que se hagan más eficientes los procesos de cambio en los entes del estado”, sostuvo el legislador.
Acosta Páramo puso como ejemplo los casos en que las administraciones salientes dejan un proyecto para la creación de algún camino y que por no hacer una eficiente entrega recepción y seguimiento, se llegan a perder las gestiones comenzadas y el dinero que pretendía invertir la Federación o el Estado. O, los casos en que por una mala entrega recepción, se dicte sentencia condenatoria en contra de algún ayuntamiento.
Señala que el objetivo es establecer que entre las normas para la entrega-recepción de los recursos del estado y municipios, los titulares y los servidores públicos que ocupen cargos hasta el nivel de director de área o su equivalente en el sector paraestatal, así como secretarios de los ayuntamientos, síndicos, jefes o encargados de área municipales o paramunicipales y sus titulares, rindan al separarse de sus funciones un informe de los asuntos de su competencia y entreguen formalmente el detalle de los recursos financieros, humanos y materiales que hayan tenido asignados.
Esta iniciativa se analiza en la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
