Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas deben allegarse de toda la información necesaria para elaborar un presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, que permita crear un fondo de contingencia para atender a la población, señaló el diputado Miguel Maza Hernández, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género.
Indicó que luego de la elección y ratificación del nombramiento de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, por parte de los tres Poderes del Estado, el siguiente paso es establecer los mecanismos para la atención de las personas que hayan sido víctimas de algún delito, mediante la conformación de un registro estatal y un fondo de contingencia.
“Las tres funciones básicas que va a tener la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas son las siguientes: primero, es llevar un Registro Estatal de Víctimas; segundo, manejar el fondo de contingencia estatal que se va a tener para poder resarcir el daño a las víctimas y, el tercero en dar una asesoría jurídica integral a fin de garantizarle a la víctima una atención jurídica que la ayude a solucionar en la medida que lo requiera la problemática que le generó el delito del cual fue víctima”.
Precisó que el trabajo inmediato durante estos meses de julio a diciembre, será el que sus integrantes reúnan la información necesaria para elaborar un presupuesto adecuado que les permita atender todos los requerimientos, el fondo de contingencia y el establecimiento de la asesoría jurídica necesaria, “para que a partir de enero ya pueda funcionar en toda la extensión de la palabra y puedan crear el fondo, más toda la asesoría jurídica integral y empezar ya con el registro de victimas dentro del estado”.
Recordó que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas se crea en el estado, de acuerdo a la normativa nacional por la cual se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y que hace el exhorto a todas las entidades del país para que cuenten con un órgano de este tipo, descentralizado de los gobiernos locales, con patrimonio propio, personalidad jurídica y lineamientos normativos propios, “para llevar a cabo la labor tan importante que es la de atender a las víctimas del delito de una forma integral y poder resarcir el daño”.
