El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, la cual homologa disposiciones con la legislación nacional y reconoce a los menores de edad como sujetos titulares de derechos humanos y susceptibles de que les sean restituidos.
Esta legislación incorpora doce derechos para este sector: prioridad a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo integral, a la identidad y a la certeza jurídica, a vivir en familia, a la salud física y mental, de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación y la cultura, al sano esparcimiento y al deporte, a la libertad de expresión, reunión y asociación y a la información.
Se fija el derecho a la vida y se incorporan los derechos a la supervivencia y desarrollo, lo que implica concederles a este sector de la sociedad a vivir una vida plena en condiciones que garanticen su desarrollo integral, mientras que a las autoridades se les obliga a efectuar acciones para garantizar su desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la vida, la supervivencia y el desarrollo integral de éstos, así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida del referido sector.
En la exposición de motivos, se indica que a nivel nacional se cuenta ya con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, misma que integra acciones para la mejor protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; es preciso armonizar la legislación estatal y adaptarla a la regulación general, con la pretensión de tener un ordenamiento local acorde y coherente con ésta.
La anterior legislación “ubicaba a niños, niñas y adolescentes como sujetos de tutela y no de derecho y, al ser vistos de esta forma se les restringía hacer efectivas algunas de las garantías que les otorga la Constitución Mexicana, además de todos los derechos que se desprenden de los tratados de los que México forma parte”.
Se indica que el interés superior del niño debe entenderse como el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente, alcanzando el máximo de bienestar posible.
De esta manera, se fija que el Gobierno del Estado y los municipios incorporen en sus proyectos de presupuestos de egresos la asignación de recursos, que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en esta Ley; además, el Congreso del Estado y los ayuntamientos en su respectivo ámbito competencial establecerán en sus presupuestos que aprueben los recursos necesarios para cumplir con esta Ley y se incluye como uno de los elementos torales la obligación legislativa para que las leyes que se produzcan garanticen el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
