La actual administración estatal recibió alrededor de 2 mil trabajadores basificados, heredados del gobierno anterior, aseguró ayer Fernando Toranzo Fernández gobernador del Estado quien recordó que además recibieron condiciones financieras complicadas, debido a la deuda pública que se incrementó en el sexenio pasado que encabezó Marcelo de los Santos.
En torno a las solicitudes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado y del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado, quienes demandan bases laborales para más de 400 personas, el mandatario dijo que ambos sindicatos luchan por sus conquistas laborales, pero el Estado tiene que analizar las condiciones en las que realmente se encuentra y las verdaderas posibilidades para otorgar esas bases. Recordó que el Estado está obligado a realizar un análisis muy real de las condiciones que se vive.
Por otra parte, destacó que a tres meses de que concluya la actual gestión, el personal está listo para iniciar el proceso de entrega recepción, donde cada uno de los titulares de las dependencias tiene la responsabilidad de clarificar cabalmente cualquier duda al respecto.
El mandatario Fernando Toranzo, confirmó que ya tuvo la oportunidad de comunicarse con el gobernador electo, Juan Manuel Carreras López, para felicitarlo por el triunfo electoral, y para acordar la serie de pasos de este proceso establecido en la legislación vigente.
Al preguntar sobre los funcionarios que integrarán la comisión de entrega-recepción por parte de la actual administración, dijo que el equipo que formará parte de este proceso, estará conformado por los titulares de las diferentes carteras gubernamentales. Además que Juan Manuel Carreras, llegado el momento, integrará también el equipo que considere necesario, para realizar la entrega – recepción de la administración gubernamental.
El jefe del ejecutivo Fernando Toranzo, expuso además que a pesar de las condiciones complicadas en las que recibió el gobierno estatal, desarrollaron un trabajo institucional que permitió mejorar las condiciones de vida de los potosinos, la construcción de infraestructura pública de impacto social y la inversión concertada en el sexenio de poco más de 91 mil millones de pesos.
