La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado aprobó la iniciativa que modifica el artículo 54 de la Ley del Transporte la cual establece que será causal para la cancelación de la concesión del servicio de transporte público, que el concesionario haya dejado de explotar dicho permiso durante el plazo de un año, de manera que el Ejecutivo pueda tomar acciones al respecto.
La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, diputada Socorro Herrera Orta señaló que esta propuesta fue presentada por el legislador Francisco Martínez Ibarra y surgió debido a la inquietud de diversas organizaciones de transportistas, por los casos en que se ha dejado de explotar la concesión otorgada.
“Muchas de las concesiones que les han autorizado propiamente a los concesionarios, muchas de ellas no las están explotando, no las están utilizando, y esto también no releja una cantidad exacta de cuantos son los vehículos que están prestando el servicio en todo el estado, de tal manera que la reforma consiste en que la propia concesión tendrá que ser utilizada de lo contrario tendrá que ser revocada”.
Con respecto a la manifestación que realizaron taxistas en la glorieta del distribuidor Benito Juárez, ocasionando caos vial, señaló que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá ser más responsable en su actuar, atender esta problemática y contar con un estudio real de quienes necesitan una concesión y por otro lado de cuantos están prestando un servicio de manera ilegal.
Dijo que la SCT tendrá que realizar un análisis exhaustivo para conocer cuántas concesiones hay en cada municipio y cuales se están explotando, además recalcóque cada uno de los ayuntamientos a través de los consejos municipales del transporte deberán contar con un estudio de factibilidad para conocer lo querealmente se requiere, toda vez que a la fecha únicamente entre cuatro o cinco municipios cuentan con dicho estudio.
En el mismo tema, el legislador Francisco Martínez Ibarra consideró necesario que el Gobierno del Estado atienda las demandas siempre y cuando haya un estudio de factibilidad que ofrezca la certeza sobre si puede haber o no más concesiones.
