En México y San Luis Potosí no es una constante la cultura de la denuncia y pese a que se incrementó el gasto en el combate a la delincuencia, persiste una deficiencia y desconfianza hacia la autoridad principalmente por el mal gobierno del mandatario Fernando Toranzo Fernández.
Por ello el candidato a Diputado Federal por el VI distrito del Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera, está proponiendo proteger a denunciantes, la manera de cómo llevarlo a cabo es con un sistema universal de recepción segura de denuncias, mejorar el sistema de atención a víctimas y con una efectiva implementación de los juicios orales.
Desafortunadamente la cifra negra que maneja la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), es que el 91.6 por ciento de los mexicanos no denuncia; lo que genera un costo por 211 mil 900 millones de pesos, equivalente a 1.38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
De obtener la curul en la cámara baja Rubén Guajardo Barrera, dijo estar dispuesto a promover leyes que otorguen protección a las personas que informen actos de cualquier índole y su salvaguarda debe darse garantizando una adecuada ejecución de la Reforma Penal Acusatoria, mejorando la base de datos de seguridad y sensibilizándose con la víctima.
Los ciudadanos del sexto distrito de lugares como la colonia Satélite, Progreso, B. Anaya, Prados de San Vicente, han señalado que hay un creciente número de pandillas y de delincuentes que no hacen más que afectar la dinámica social, sin embargo no se atreven a evidenciarlo por temor a represalias, ante la desconfianza hacia las autoridades que están coludidas con la criminalidad o porque en muchas de las ocasiones las autoridades son omisas y no llegan al lugar de los hechos.
Ante esto no es nada errónea la percepción de seguridad que se tenía de San Luis Potosí en el 2011 que era de 76.3 por ciento, en el 2012 fue de 60 por ciento, pero alcanzó su máximo histórico en el 2013 con un 77.8 por ciento y en el 2014 se contó con 73.1 por ciento, calificando así a nuestra entidad como insegura según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 del Inegi.
Los principales delitos que ocurren en el país son robo, asalto en la calle o transporte público, extorsión, robo total o parcial de vehículo, fraude, amenazas, robo a casa habitación, otros delitos y lesiones.
Las estadísticas del 2013 en el Estado apuntan que se cometieron 37 mil 308 delitos, de esos 13 mil 619 eran por robo, destacando el de vehículos con 3 mil 210, a casa habitación con 3 mil 66, además de 5 mil 98 por lesiones y el resto se derivó de otras causas; por lo que el cuestionamiento sería qué tantos otros delitos no se evidenciaron a la autoridad por temor a las represalias y qué tan grave es la crisis de justicia en el país.
Lo anterior sin duda puede modificarse con leyes más sensibles y humanas, que ofrezcan medidas de protección a quienes aporten pruebas para castigar a los que hacen que el ciudadano viva con miedo a las represalias en caso de revelar actos ilícitos “debemos proteger a los testigos, ofreciéndoles asistencia legal efectiva, preservar sus derechos humanos protegiendo su identidad y dejándolos fuera de cualquier consecuencia inminente a través de la protección provisual, que es conferirle al Gobierno autoridad para solicitar una protección inmediata, temporal en el caso que así se requiera y sobre todo siendo más afectivos a su situación de riesgo”.
