Buscan eliminar el acoso escolar o bullying de los planteles educativos

San Luis Potosí ha sido el primer Estado en armonizar las adecuaciones para atacar el problema del acoso escolar, dentro de la nueva Ley de Prevención y Seguridad Escolar, la cual tiene como premisas la cultura de la paz, la no discriminación y la tolerancia.
Como integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, el diputado Jaén Castilla Jonguitud informó que se ha trabajado en iniciativas relativas al mejoramiento de la educación en el estado.
En la nueva normativa se han planteado los programas preventivos y los programas de seguimiento para poder eliminar el acoso escolar o bullying de los planteles educativos, debido a que se considera un problema serio y a la vez complicado de contrarrestar.
El diputado Jaén Castilla señaló que se han creado en el 95 por ciento de los planteles los Comités de Seguridad Escolar integrados por maestros, alumnado, padres, autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado así como un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El apoyo, según establece la ley, va encaminado a la víctima de acoso escolar, pero también a quien genera esta violencia dentro de las escuelas, además de apoyar a las madres y padres de familia a que se involucren en las actividades de sus hijos e hijas.
Dio a conocer que antes que termine esta legislatura, se prevé la presentación de tres iniciativas más, las cuales pretenden ayudar a mejorar la calidad de vida del desarrollo tanto cultural, turístico y económico del Estado.

Entre ellas se plantea una nueva ley de cultura, y la actualización completa al articulado de la ley de turismo, así lo explicó el legislador “no se han modernizado como la evolución de la sociedad, para que sean leyes que funciones y sirvan en beneficio de los ciudadanos”.
Por último informó que las y los diputados, promovieron la regularización del sistema de pensiones para los maestros de telesecundaria, con la finalidad de apoyar los derechos de los y las trabajadoras de la educación.