La nueva Ley que Establece los Principios para el Uso de la Fuerza Pública del Estado de San Luis Potosí será una regulación que evite violaciones a los derechos humanos, durante los operativos policiacos que se apliquen en las cuatro zonas del Estado, destacó el diputado Miguel Morales Grande, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LX Legislatura.
Señaló que el objetivo primordial de esta legislación es la capacitación a los elementos policiacos para que privilegien el diálogo y no hagan un uso indiscriminado de la fuerza pública.
“Aquí lo que se pretende es impulsar que la policía establezca protocolos de dialogo con la gente, además de capacitar a la policía y con ello evitar que al momento de una detención o una situación extraordinaria se comience con los golpes, aunque tampoco se puede descartar el uso de la fuerza pública en los casos estrictamente necesarios”.
Precisó que en esta legislación se incluyen los argumentos por los que debe entenderse por uso de la fuerza; sus principios para aplicarla, quiénes la pueden aplicar, y, en qué circunstancias debe de usarse; así como la capacitación de las autoridades y los cuerpos de seguridad en el uso de las armas letales y no letales.
El diputado Miguel Morales, expuso que también se establece la posibilidad de otorgar indemnización a aquéllas personas a las que se les cause daño o afectación en sus bienes o persona con motivo del uso ilegítimo de la fuerza pública; y establece también los derechos del policía.
“Esta nueva ley establece que se va a castigar a quienes no respeten los reglamentos, si el policía llegan a golpear se va a sancionar a la policía y se tiene que dar una indemnización para la persona afectada, y por eso establece obligación de capacitar a los elementos policiacos para que sepan atender las situaciones y que no se agote el dialogo”, señaló el diputado Miguel Morales.
Por otra parte, el legislador indicó que se tiene conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública ha establecido los protocolos de actuación para blindar al estado, y evitar la presencia de bandas delictivas que provengan de otras entidades en conflicto tal y como ocurre en Jalisco.
