La diputada Rosa María Huerta, dijo que también son sujetos obligados a esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Además, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Consideró que también son de gran relevancia las sanciones establecidas para garantizar un verdadero cumplimiento de las nuevas disposiciones pues se contemplan sanciones a servidores públicos cuando declaren con dolo o negligencia la inexistencia de la información o cuando la reserven sin prueba de daño. Además se establecen multas hasta de mil 500 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica de que se trate a quien se niegue a hacer pública la información solicitada.
“Mantiene la imposibilidad de reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, aunque también se clasifica como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país” agregó la diputada.
También reconoció el hecho de que se contemple crear un Sistema Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible.
En tanto no entren en vigor los lineamientos que obligan a subir la información a dicha plataforma, lo cual no podrá exceder de un año, los sujetos obligados deben publicar toda la información en sus respectivas páginas de Internet.