Como balde de agua fría, cayó al gobierno de Baja California y al federal la rebelión de los jornaleros de los campos agrícolas que se ubican en la región que va de Ensenada al Valle de San Quintín. ¿Pero realmente se trata de una sublevación?.
Todo parece indicar que no, por el desarrollo de los acontecimientos y la presencia de actores externos a la protesta social que derivó en la ejecución de actos vandálicos y el enfrentamiento con las fuerzas locales, federales y militares. Además de la radicalización de las posturas y el tono del discurso.
Maniobra que no pasó desapercibida para quienes conocen el conflicto que data desde hace 30 años, como Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador panista de la entidad, quien pone en la mesa de análisis dos factores a considerar: La presencia de los “agricultores informales”, que no precisamente son hombres del campo y el reciente paso e interacción de Gerardo Fernández Noroña y Jaime Martínez Veloz por San Quintín y las organizaciones que agrupan a los indígenas inconformes.
“No es un comportamiento natural”, dice Ruffo y considera que es necesario deslindar las necesidades legítimas de los intereses políticos que buscan crear caos, como sucede en el sur del país –Oaxaca y Guerrero- casualmente de donde son originarios la mayor parte de los trabajadores del campo y donde tienen una fuerte presencia los partidos de izquierda.
Especial énfasis pone en el tema del crimen organizado, que ha sentado sus reales en la zona bajo la figura de “agricultor informal” o a través del trasiego de estupefacientes. Revela que las autoridades locales y federales tienen conocimiento del problema, pero nada hacen, lo que supone “una colusión que afecta a los agricultores formales y a los jornaleros en protesta”.
Así las cosas, estaríamos ante una conspiración, si nos apegamos a la definición del concepto: “Acuerdo entre dos o más personas para ir contra alguien o algo, especialmente contra la autoridad”. Lo que sucede en el sur de Baja California cubre los requisitos.
No hay que perder de vista la dimensión del mercado productivo y laboral. En el Valle de San Quintín hay más de 70 mil jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de 12 agro-empresas nacionales y extranjeras cuya cosecha de fresa, tomate, uva y hortalizas permite cargar 400 camiones diarios para llevar estos productos hacia Estados Unidos.
Sin duda, dos ingredientes apetitosos para quienes hoy buscan desestabilizar. Por un lado grupos de personas inconformes, con graves rezagos sociales y culturales y por otro un negocio en dólares que permite lavar recursos ilícitos amparados en el trabajo agrícola, sin cubrir los requerimientos y obligaciones de una empresa formal y legalmente establecida.
En el origen del problema, la exigencia de mejoras salariales y la denuncia de explotación, es tema de todos los días y desde hace un año se instaló una mesa de negociación. Sin embargo, no hay acuerdos, por eso unos 30 mil jornaleros habían acordado inconformarse.
El bloqueo de las carreteras, los saqueos y la confrontación no estaba en su plan de movilización. Son conductas ajenas a ellos, dice Ernesto Ruffo, quien confirma que muchas de estas comunidades se rigen por usos y costumbres, mismas que trasladan a los campos de cultivo donde trabajan, de ahí que se vean familias completas en la pisca donde a “más manos, más ganancias”. La caja de fresas se paga a 10 pesos y la de tomate a 14 pesos.
No es una regla general, en algunos campos trabajan por contratos y están sindicalizados en agrupaciones afines a la CTM y a la CROM. Por ello en el pliego petitorio de los jornaleros, que fue puesto a disposición del Gobernador, Francisco Vega, en diciembre de 2014, se incluye que el salario de 110 pesos al día por una jornada de 12 horas, se incremente a 300 pesos y que la jornada laboral se ajuste a las horas de Ley y no a las doce que trabajan actualmente.
Lo que sucede en San Quintín, lo hemos visto en otros estados. A nadie conviene otro foco rojo, sobre todo en la frontera.Por fin, el Pleno del Senado aprobó la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Se busca mejorar el rendimiento de nuestros recursos humanos y técnicos para captar inversiones y generar empleos formales.
Al respecto el priista Ricardo Urzúa, recordó que la legislación era urgente ante el magro crecimiento económico registrado en las últimas tres décadas. La norma se envió al Ejecutivo para su puesta en vigor de inmediato.
