Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Cámara de Diputados que a la fecha no ha sido modificado el Contrato Colectivo de Trabajo de sus agremiados, ni tampoco el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza y Organismo Subsidiarios en materia de Jubilaciones y Pensiones.
En respuesta a un punto de acuerdo, Rosario Brindis Alvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la paraestatal, detalla que el contrato colectivo de trabajo tiene vigencia hasta agosto del 2015 y su revisión está por iniciar.
«A la fecha, no existe resultado de negociaciones llevadas a cabo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana relativas al Contrato Colectivo de Trabajo que se firmará en el año en curso», describe el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
En agosto del año pasado, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria -parte de las leyes secundarias en materia energética- donde se autorizó al gobierno Federal absorber, de manera proporcional, el pasivo laboral de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sean dos empresas con finanzas sanas después de lareforma energética.
Pero para que el gobierno Federal pueda absorber de manera proporcional los pasivos laborales de Pemex y de la CFE a más tardar, en un año, ambas paraestatales deberían modificar sus contratos colectivos de trabajo.
Además, en la ley se define que el pasivo laboral de ambas empresas asciende a 1.7 billones de pesos producto de sus balances iniciales y no actuariales, es decir, 1.1 billones de pesos para Pemex y .5 para CFE.
«El gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Pemex y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros», detalla el texto aprobado.
Con esta modificación del Contrato Colectivo, el gobierno Federal sólo pagaría montos asignados a jubilaciones y pensiones y excluye otro tipo de cargas como gastos médicos, créditos de vivienda, sueldos caídos o excesos de líderes sindicales.
Otro cambio significativo, es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá realizar una fiscalización específica a los fondos de pensiones y jubilaciones de ambas empresas y, en caso de detectar actos ilegales, podrá «fincar las responsabilidades», incluyendo el inicio de los procedimientos de responsabilidad.
En el Punto de Acuerdo, la paraestatal también responde que la renovación de algunos contratos de outsorcing o empresas subcontratadas, no sólo en el estado de Campeche, sino en otros lugares, obedeció al régimen de autoridad administrativa al que la empresa ha sido sometida, así como a la reducción presupuestal de 62 mil millones de pesos impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ello como consecuencia de la reducción del precio internacional del petróleo crudo.
