El Congreso del Estado reconoció el trabajo de los Senadores de la República al haber aprobado la Ley General de Transparencia que obligará a los tres niveles de gobierno, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos, partidos y otros entes a transparentar la información que manejen y rendir cuentas de los recursos que operen.
La diputada Rosa María Huerta Valdez, dijo que hay confianza en que la Cámara de Diputados hará lo propio para que el país cuente con una verdadera legislación en materia de transparencia, pues señaló que es necesario recobrar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, mediante el fortalecimiento en la transparencia y la rendición de cuentas.
Aseguró que afortunadamente la Ley General de Transparencia, cuenta con el respaldo de organizaciones ciudadanas y expertos, que la consideran muy positiva para el país, pues ahora se contempla como sujetos obligados a los organismos autónomos, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a los fondos públicos, a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos.
La diputada destacó que los organismos garantes desarrollarán, administrarán e implementarán una Plataforma Nacional de Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, con las obligaciones y las disposiciones de ley, atendiendo la accesibilidad de los usuarios.
Cabe destacar que la Ley General de Transparencia, contará con “La Plataforma Nacional de Transparencia tendrá como mínimo cuatro sistemas: el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, un Sistema de Gestión de Impugnación, un Sistema de Portales para la Transparencia y Acceso a la Información y los Sistemas de Comunicación que habrán que tener entre los órganos garantes y los sujetos obligados”.
Expuso que la ley establece con toda precisión los principios, así como las bases generales y procedimientos que permitan garantizar el ejercicio de este derecho, además de las obligaciones a que toda autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o cualquier ente público-privado, persona física o moral que administre o reciba recursos públicos, hoy se convierte en sujeto obligado de lo cual debe rendir cuentas, no sólo del manejo de recursos públicos, sino de los actos de autoridad que en el ejercicio de sus facultades ejerza.
Señaló que en el caso del gobierno deberá informar del manejo de los recursos y la instrumentación de las políticas y programas públicos, contratos y convenios celebrados por las dependencias públicas, sus estructuras orgánicas, el directorio del personal, su tabulador de salarios, el monto de las prestaciones y otros beneficios económicos que puedan tener, así como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de adquisiciones u obras públicas.
Además para los partidos políticos, se establecen mayores responsabilidades que incluirán padrón de afiliados y militantes, cuotas, ingresos públicos y privados que perciban, sus contratos y convenios, tabulador salarial, las aportaciones a las precampañas y campañas, o incluso conocer con detalle los procesos de selección y registro de sus candidatas y sus candidatos.