Provenientes de las cuatro regiones geopolíticas del estado se concentraron en la capital potosina para realizar una marcha y manifestación por la Avenida Carranza, los docentes activos, jubilados y pensionados del sector de telesecundarias para demandar la intervención judicial-fiscal de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
Demandaron los maestros de telesecundaria adscritos a la sección 26 del SNTE la reintegración de recursos, en números redondos y sin considerar regalías, por un global de 1 millón 300 mil dólares descritos cínicamente como “inversiones perdidas”, por el director general de Pensiones y Jubilaciones, Oziel Yudiche Lara.
Reclamaron al gobierno estatal la omisión de responsabilidad de aportar recursos hasta por 460 millones de pesos, y que han tenido como efecto el abultamiento del lastre que está llevando a una situación de quiebra fraudulenta a la dependencia y sin que de esto se desprenda alguna responsabilidad judicial.
Reprocharon que el actual candidato del PRI al gobierno del Estado, en su calidad de Secretario de Educación de Gobierno del Estado, se haya mantenido omiso en su responsabilidad de atender y velar por el interés de los profesores potosinos, sujetos de injusticia.
¿Si las autoridades no velan por el cabal cumplimiento de la ley y abandonan obligaciones y responsabilidades, qué podemos esperar? Interrogaron los maestros que la tarde de ayer marcharan por la Avenida Carran-za en esta capital potosina.
Hacia el año de 2010 la Dirección General de Pensiones reportaba una pérdida neta de 1 millón 353 mil 232.66 dólares colocados en mesas de inversión de riesgo, entre las que destaca una institución financiera de Nueva Zelanda: Platinum Trade Bancorp; recursos extraídos de los fondos de ahorros de los trabajadores y a contrapelo del reglamento que rige a la citada Dirección de Pensiones y Jubilaciones.
En 2015 y tenida como pérdida irreversible, el gobierno encabezado por Fernando Toranzo, y que está por concluir, ha formulado como compromiso, una acción de ingeniería financiera que, por sus propias condiciones, resulta imposible de cumplir. Ya en 2010 se había comprometido esta acción asegurando que en cinco años se procedería a la recuperación de los fondos perdidos, sin que al momento se hayan reparado y subsanado dichos agujeros colocando a los jubilados y pensionados en particular y, en general al magisterio y a la burocracia potosina, en una situación de inseguridad social sin precedente.
