En sesión ordinaria el pleno de la LX Legislatura aprobó ayer por unanimidad reformar la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, para homologarla con las modificaciones que se llevaron a cabo a las leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental.
Es conveniente y práctico modificar el nombre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades, para ser Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE).
Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, tienen como sustento el fortalecimiento del federalismo fiscal que constituye uno de los ejes de la reforma hacendaria, tal como se proyectó en el Compromiso 70 del Pacto por México “Fortalecimiento del Federalismo Fiscal”.
Con esta reforma, la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí incorpora el Fondo para la Infraestructura Social del Estado, el cual será administrado por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, y ejercido por las entidades ejecutoras.
Además, esta ley establecerá en su artículo 10 que en el ejercicio de los recursos de los Fondos Estatales y Municipales, el Estado y los ayuntamientos podrán destinar hasta el tres por ciento de los recursos que les correspondan de cada fondo, para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos determinados para cada Fondo.
Después de este asunto fue aprobado por unanimidad autorizar al ayuntamiento de Moctezuma, a través de la Promotora del Estado, donar 274 lotes a familias de escasos recursos económicos, en barrio y colonia Campo Santo.
Además, en la sesión ordinaria se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por demás Poderes del Estado, ente autónomo, ayuntamientos y organismo paramunicipal, Poderes de otras entidades del país, iniciativas y punto de acuerdo.
