En el Distrito Federal y los cuatro estados que lo rodean fueron asesinados en la última década 36 representantes populares co-mo resultado de 53 atentados. Esa violenta embestida se enfocó principalmente en el Estado de México, cepa del actual grupo gobernante que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, donde ocurrieron 15 de los homicidios políticos de la zona, que representan 42%, y 24 atentados, es decir, 45% del total.
En el periodo que va de 2005 a 2015 también fueron asesinados en el centro político del país nueve poblanos, siete morelenses, cuatro hidal- guenses y un capitalino. De ellos, nueve eran ex alcaldes, cuatro ediles en funciones, siete regidores, cuatro ex regidores, dos síndicos, dos ex síndicos, dos ex diputados locales, un diputado local y otro federal, tres candidatos y un delegado municipal.
En lo que respecta a los atentados, es importante señalar que dos de ellos tuvieron como blanco a un personaje de otra región: el diputado coahui-lense David Figueroa Ortega, atacado en dos ocasiones: en Toluca (2006) y en la colonia Nápoles del Distrito Federal (2007). Los 51 atentados restantes tenían como objetivos a personajes del Distrito Federal y Estados circunvecinos, 24 de los cuales fueron infringidos contra mexiquenses. Diez po-blanos, 10 morelenses, cuatro hidalguenses, dos tlaxcaltecas y uno del Distrito Federal también fueron víctimas de la violencia política.
El partido con más bajas es el PRI, con 20 homicidios; cinco del PAN, cinco del PRD, dos que obtuvieron su último cargo de representación bajo postula-ción común del PAN y el PRD; y otro por la alianza del PT y Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano. De igual forma, uno del PVEM y otro del Panal, además de otra víctima sin militancia.
De acuerdo con una base de datos construida por un Diario de circulación nacional con información hemerográfica, consultas monográficas, atlas de resultados electorales y mapas de composiciones distritales, la violencia política en el centro del país experimenta una tendencia ascendente desde 2010, pues de entonces a la fecha ocurrieron 42 de los 53 atentados contabilizados, es decir, en los últimos cinco años se concentra 80% de los ataques infringidos en la década.
Además, la distribución geográfica de los crímenes contraviene la noción de que la capital del país estaría blindada de este tipo de violencia, pues cinco de los atentados ocurrieron dentro de sus límites: uno de ellos el que sufrió el legislador coahuilense ya mencionado. Además está el asesinato del ex asambleísta y diputado federal suplente Arturo Sánchez Osorio (PRI) en Coyoacán; el del ex alcalde de Chalco, Eulalio Esparza Nieto (PRD) en Iztacalco; el de Adelfo Toledano, aspirante a diputado por Ixtapaluca (PRI), cuyo cadáver fue hallado en la cajuela de un auto estacionado en calles de Gustavo A. Madero; y en la misma delegación, el de Miguel Ángel Barrera, ex secretario del Ayuntamiento y candidato a síndico (PRI) de Ecatepec, perseguido y asesinado cerca de Lindavista.
La huella de la droga
José Luis Solís González, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Picardie, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coautor de Tiempos violentos, barbarie y decadencia civilizatoria(2014), sostiene que el crimen organizado ya es parte de la oligarquía doméstica, “en la que Atlacomulco lleva la batuta”, y atribuye la violencia política en esta zona a la expansión comercial del narcotráfico. “La producción de opiáceos se realiza en el interior, pero las drogas sintéticas están en todo el país, y como la comercialización de cocaína es fundamental para el modelo de negocio, ahora los cárteles vienen hacia la megalópolis, el mercado más grande. [Éstos] se van disputar la ciudad de México de la manera más violenta, va a ser la madre de todas las batallas”, advierte.
Coincide en ello José Luis Domínguez, doctor en investigación social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: “La corona metropolitana está llena de laboratorios caseros desde Nezahualcóyotl hasta Naucalpan, una producción, tráfico y comercialización de metanfetaminas desarrollados en protocolo hormiga”.
El politólogo realizó un estudio sobre clientelismo y crimen en la entidad durante el proceso electoral de 2012, en el que tomó como estudios de caso dos distritos de Naucalpan y el VI, de Coacalco. Advierte sobre los frecuentes intentos de esas estructuras criminales por insertar dinero en la campañas políticas a través de un tercero, e indica que la presencia de mandos policiales en posiciones ejecutivas dentro de las estructuras proselitistas constituye una señal de alarma, pues son los intermediarios más funcionales para la mafia.
Detalla: “En una zona donde la policía es tan señalada de cercanía con el crimen, que un mando policiaco tenga un papel tan relevante en una campaña nos haría pensar que el crimen está buscando consolidar su hegemonía”.
Por su parte, Víctor Alarcón Olguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, indica que “las negociaciones en términos de privilegiar a ese tipo de actores a cambio de acceso a los cargos públicos o a cambio de financiamiento ilícito” son comunes en el caldo de cultivo clientelismo-crimen.
Estado de México / Distrito XL / Zinacantepec
El 5 de octubre de 2008, el presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Christopher Salvador Vergara Cruz, conducía su camioneta Blazer sobre una carretera de Coatepec de Harinas, cuando se le emparejó otro vehículo desde el cual le dispararon repetidamente con armas de asalto. Murió al instante. El funcionario había sido amenazado por el grupo delictivo La Familia Michoacana después de denunciar extorsiones a comerciantes del lugar. Después se descubrió que, a cambio de 30 mil pesos, su chofer había proporcionado a los criminales la información que necesitaban para identificar y ubicar a la víctima.
Óscar Morales, suplente del munícipe asesinado, rechazó el cargo, que fue asumido por un director de área, Óscar Tovar.
Salvador Vergara era sobrino y ex colaborador del también ex alcalde de Ixtapan de la Sal, Ignacio Rubí Salazar, después diputado local y federal (PRI), ex director de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y secretario del Trabajo en la gubernatura de Enrique Peña Nieto.
Recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) destruyó, en el municipio en cuestión, plantíos con los que se hubieran producido 31 mil 288 dosis de heroína.
En 2010, en Zinacantepec, Consuelo González, ex regidor de ese municipio y delegado municipal de San Antonio, fue asesinado a tiros por un desconocido. En días previos al crimen había presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) por intimidación, abuso de autoridad y amenazas de muerte de la Policía Municipal y del alcalde Gustavo Vargas.
Ese año fue hallado en Tenango del Valle el cadáver de Mayolo Carrillo, regidor de San Antonio la Isla. Amordazado y atado de pies y manos, el cuerpo presentaba huellas de tortura.
Estado de México /Distrito VI / Coacalco
La mañana del 17 de agosto de 2006, como lo hacía a diario, la empleada bancaria Margarita Oteropasó temprano a tomar su licuado en un establecimiento de Villa de las Flores, Coacalco, y antes del último sorbo le dieron un tiro en la cabeza. En la silla contigua, Virgen María Rojano (PRI) miró la escena. Tres semanas después la regidora Rojano se sorprendió cuando la PGJEM reveló que esa bala era para ella, ya que su suplente, Uriel Tenorio, ahora en prisión, la había mandado matar con un pistolero sin experiencia, el cual también está tras las rejas.
En noviembre de 2005, Alejandro Gamiño (PAN), ex alcalde de Coacalco, fue detenido en la colonia Morelos del Distrito Federal cuando viajaba en una camioneta en la que llevaba mariguana, cocaína y un rifle AK47.
El 12 de diciembre 2008, en el pasmoso tráfico de la vía José López Portillo, a la altura del centro comercial Power Center, dos vehículos encajonaron el BMW del secretario técnico de ese ayuntamiento, Eduardo Manzur Ocaña.
De los automóviles bajaron varios pistoleros que le dispararon. La víctima, que era hermano del actual secretario de Gobierno de la entidad, José Manzur Ocaña, había salido minutos antes de la casa del alcalde David Sánchez (PRI), objeto de distintos señalamientos en la prensa local sobre presuntas actividades turbias, que él ha negado. En ese entonces ejercía su primer periodo en la Presidencia Municipal. Ahora ha concluido el segundo y busca la diputación federal.
En Tultepec, el otro municipio que compone el distrito, en 2010 fue asesinado de un tiro Ángel Hernández, esposo de la regidora Margarita Hernández, actual diputada suplente; y en 2013 fue secuestrado y asesinado Roberto Luna, ex síndico, ambos del PRI.
Este municipio ha sido gobernado desde 1996 por el PRD, y dos personajes se han intercambiado la alcaldía: Armando Portuguez, actual diputado local, y Sergio Luna, alcalde.
De acuerdo con información recabada por el investigador José Luis Domínguez (Flacso) en 2012, cuando Sergio Luna obtuvo por segunda ocasión la Presidencia Municipal, anunció en su discurso de cierre de campaña a sus seguidores que el día de la jornada electoral gastaría varios millones de pesos. “Era un alarde, pero también una promesa o garantía para su clientela”, dice el politólogo.
Según el estudio de Domínguez, el operador electoral de Luna era el ex policía estatal Iván Reyes, quien fue denunciado ante el Ministerio Público por distribuir dinero en efectivo entre los votantes.
Reyes fue nombrado comisario de Policía del municipio en la administración de Luna y pronto se volvió empresario hotelero en sociedad con su suegro, Germán Casas, indican expedientes de la PGJEM. Ahora, Reyes es candidato a regidor por Movimiento Ciudadano. El candidato del PRI a la alcaldía esAlonso Casas Vicenteño, primo de Germán Casas.
En julio de 2008, durante el primer periodo de gobierno de Luna, su comandante y escolta personal,Angelo Villanueva, retuvo en instalaciones de la Policía Municipal a un grupo de secuestradores para esperar a que un comando armado los liberara, en lugar de entregarlos al Ministerio Público. “No existe justificación razonable para haber incumplido el procedimiento legal”, dijo el entonces subprocuradorJesús Uriquieta. (Un Diario de circulación nacional16/07/2008).
Armando Portuguez, en cuya administración murió un hombre en circunstancias extrañas dentro de instalaciones públicas, vive en una finca de 10 mil metros cuadrados en medio de un cinturón de miseria.
Morelos /Distrito II / Jiutepec
Catalina Ríos Núñez, llamada La Jefa, esposa del ex alcalde del municipio de Emiliano Zapata, Alberto Figueroa Valladares, es investigada por la PGR por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la indagatoria AC/PGR/MOR/CV/110/V/2014, Ríos Núñez estaba ligada al grupo criminal Los Templarios y habría sostenido reuniones con Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, cabecilla de esa organización delictiva, ahora en prisión.
El senador Rabindranath Salazar Solorio (PRD), ex alcalde de Jiutepec, tiene un hermano, RadamésSalazar, actual regidor en ese municipio, que fue asesor del cuestionado alcalde Figueroa Valladares.
El poeta y activista Javier Sicilia señaló el año pasado que Rabindranath tenía vínculos criminales y reveló que el diputado local al Congreso de Morelos, Alfonso Miranda (PT), es tío de Santiago MazariMiranda, llamado ‘El Carrete’, uno de los cabecillas de la organización criminal conocida como Los Rojos.
