El relator especial deNaciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,Juan E. Méndez, reiteró hoy que la tortura en México es «generalizada» y se práctica en un «contexto de impunidad» a pesar de que el gobierno asegure lo contrario.
«Mi afirmación de que la tortura es generalizada en México se basa en cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las cárceles y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños y niñas, me dijeron que habían padecido actos de brutalidad durante su detención», afirmó Méndez en rueda de prensa.
De esta manera, el relator quiso responder al gobierno mexicano que negó la generalización de la tortura en su país.
«Recogimos muchos testimonios diferentes: de supervivientes, de personas que están ahora en libertad, pero también de reos en muchas cárceles distintas».
Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que el lunes presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tanto en el informe como en su presentación ante el Consejo, el relator afirmó que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México.
Tras la presentación del informe, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, aseguró con rotundidad que la afirmación de que la tortura es generalizada era una falacia, y citó el hecho de que el relator sólo incluya 14 casos en su informe.
«Hemos recogido cientos de testimonios, todos muy serios, pero no todos pueden incluirse en el informe, porque no todos quieren dar su consentimiento, porque es un proceso lento y minucioso para que se ajuste a los requerimientos», respondió hoy Méndez.
«Pero si se tiene en cuenta que al año recogemos unos 200 casos de tortura en todo el mundo, 14 en México es una cifra significativa», agregó.
«Normalmente la tortura y los malos tratos se dan en las primeras 24-48 horas de detención y antes de que la persona sea legalizada como detenido. Sólo tenemos casos aislados de que ésta se haya dado después de haber sido puesta a disposición del juez o el fiscal», especificó el relator.
Méndez desgranó algunas de las prácticas de tortura más habituales, que definió como «muy serias», y citó, entre otras «el uso de electricidad, el presunto ahogamiento (waterboarding), y mucha intimidación física o moral».
El relator denunció que existe un «patrón muy similar» de tortura que se filtra a todas las fuerzas de seguridad tanto federales, como estatales y locales, como en el Ejército.
«Otro aspecto que me hace poder decir que la tortura es generaliza», dijo.
Consultado sobre su afirmación de que la práctica de la tortura queda impune, Méndez respondió que «a pesar de que hay denuncias de cientos, miles de casos de tortura, muy pocos casos se investigan y casi ninguno llega a un proceso».
Méndez volvió a indicar, como ya hizo en su presentación, que los agentes de seguridad del Estado tienden a detener para investigar, y no a la inversa, lo que deja espacio a los malos tratos y a la extracción de confesiones de dudosa legalidad.
«Ponen el carro delante de los bueyes. Si llevaran a cabo el proceso como se debe, pedir autorización a un juez, obtener una orden de detención y después detener, se evitarían muchos casos de malos tratos y las evidencias obtenidas de la detención tendrían más validez».
El relator dejó claro que entiende el contexto de lucha contra el crimen organizado, «pero eso no quita que el Gobierno tenga que aceptar que se enfrenta a un problema muy grave, y por eso debe combatirlo».
Méndez recordó que la Corte Suprema ha solicitado que cuando haya sospecha de tortura, los magistrados deberían investigar de oficio, «pero entiendo que hasta que esto se filtra hacia abajo pasará algún tiempo», concluyó.
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