El regidor panista Jalil Chalita Zarur señaló que la Ley de Aguas Nacionales es una aberración que promueve la privatización del vital líquido, considerado un derecho de la humanidad.
“Todos los mexicanos estamos conmocionados por el reformismo perverso que reina el país, cuyo único fin es legalizar el despojo de todo lo que consideramos nuestro”, indicó.
La intención principal, advirtió, es mercantilizar los recursos naturales y convertir a esta reforma en “brazo ejecutor” de la reforma energética con la que aparentemente se atraería inversiones privadas, pero en realidad “habría más problemas que soluciones”.
Jalil Chalita Zarur detalló dos puntos detectados como un claro beneficio hacia los particulares, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
Si bien en el dictamen de la ley de aguas no se menciona la fracturación hidráulica, o fracking, método mediante el cual se requieren grandes cantidades de agua para obtener el gas shale del subsuelo, se trata de uno de los trasfondos del dictamen.
En el artículo 116 de la ley se refiere al trasvase como la explotación de “aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta”. Esto, además de generar un desequilibrio ambiental, tampoco garantiza que el desplazamiento de un lado a otro garantice el abasto humano sino para las industrias que podrán invertir en estos procesos, como lo permite la reforma energética.
El trasvase se permitiría, según la ley de aguas, “a los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción”.
En el artículo 9, la legislación propone cuatro requisitos laxos para que las mineras usen y exploten el agua. El primero es obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales y cumplir con las normas oficiales mexicanas.
Chalita Zarur explicó que todo esto quiere decir que “las empresas mineras no van a tener concesión sino el derecho a usar todo el agua que quieran y sin condicionantes”.
“Aun cuando la minería es una de las actividades comerciales que más contamina el agua, tienen derecho al agua, según un fallo de la Corte que reconoce a las personas morales como sujeto de derechos humanos”.
Por lo tanto, señaló Jalil Chalita, “está defendiendo su derecho humano al agua”, pero en clara desventaja con respecto a los ciudadanos.
Asimismo, mencionó que buscar la asociación del capital privado con los sistemas de aguas estatales y municipales generará una inequidad en la distribución del agua, en beneficio de las empresas.
El regidor panista advirtió que el establecimiento de tarifas de cobro significa “una manera de garantizar a los inversionistas que, ante cualquier presión social o política, cobrarán lo que quieran. “¿Por qué lo tenemos que sujetar a mercado si es un derecho humano?”, cuestionó.