La Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indaga al menos 20 quejas iniciadas contra directivos y personal de mando del Canal Judicial, que contienen acusaciones de abuso laboral, como excesivas cargas de trabajo y abuso sexual, lo que derivó en la remoción de su director Enrique Rodríguez Martínez; Francisco Barradas Ricardez, subdirector general de Información, yAlberto Villa Dávalos, director de área.
El área interna de investigación administrativa acudió el fin de semana pasada a realizar una revisión a las oficinas de redacción del canal institucional del Poder Judicial de la Federación y encontró un paquete de cocaína en uno de los cubículos, sin que hasta ahora se haya dado a conocer el nombre del servidor público que ahí despachaba, por lo que las autoridades dieron vista al Ministerio Público de la Federación.
Autoridades judiciales indicaron que la Contraloría está en el periodo de investigación de las quejas iniciadas por trabajadores actuales y ex trabajadores del canal y la Procuraduría General de la República (PGR) determinará si el gramaje de cocaína no supera el permitido para uso personal.
Trabajadores han denunciado anónimamente también que en la redacción del Canal Judicial, Francisco Barradas solía consumir alcohol y maltratar a su personal, imponiendo cargas de trabajo más pesadas a aquellos con los que no se llevaba bien.
En medio de estos señalamientos, hace 15 días renunció Marco Silva, otro directivo del canal, quien hace dos años había sido acusado públicamente por acosar sexualmente a una mujer y a quien se le imputa enviar fotografías a sus empleadas de él desnudo frente a un espejo, imágenes que fueron presentadas como evidencia.
Silva era mano derecha del director general del Canal Judicial, Enrique Rodríguez, quien luego de ocupar este cargo por más de seis años, entrega su oficina oficialmente este viernes.
Rechaza responsabilidad. Al respecto, Enrique Rodríguez explicó que él es “un hombre íntegro, honesto e institucional” y aseguró que en el canal no se han lesionado los derechos de ningún trabajador y confió en que a él no le encontrarán nada en estas indagatorias.
Al hablar con un Diario de circulación nacional admitió que “desafortunadamente el Canal Judicial vive una situación crítica que lamento profundamente, generada por comentarios anónimos y algunas denuncias formales, que en mi caso, carecen de pruebas. Se me ha informado que no hay señalamientos directos en mi contra, sino declaraciones generalizadas. Quiero reiterar de manera enfática que la figura del director general no ha sido señalada. Soy un hombre íntegro y honesto, y lo he demostrado”, aseguró.
¿Usted encubrió alguna de estas situaciones? —se le cuestionó.
El ex funcionario sostuvo que “jamás encubriré conducta irregular de un funcionario público. Si en el camino, en la auditoría que yo solicité hace algunas semanas, algunos funcionarios fueron señalados, cometieron errores y se les demuestra, lo cual lamento, tendrán las vías para defenderse. El director general del Canal Judicial no ha sido señalado”.
El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, determinó solicitar la dimisión de los servidores públicos del canal ante las quejas presentadas en la gestión de su antecesor, el ministroJuan Silva Meza, y que ahora están siendo investigadas.
Autoridades judiciales reconocieron que “se hizo insostenible la presencia de este equipo por el ambiente laboral que se generó”, pero se dejó en claro que no se está prejuzgando sobre la responsabilidad que pudieran tener o no en torno a los hechos que derivaron en una veintena de quejas.
Las acusaciones datan —en algunos casos— de un par de años, pero hasta ahora sólo hay un funcionario sancionado, mientras que dos afectadas han sido reubicadas en otras áreas.
En julio del año pasado la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer,Rashida Manjoo, visitó las instalaciones de la Suprema Corte. En medio de una conferencia de prensa, escuchó las quejas de dos trabajadoras del Canal Judicial.
Se trató de Brenda “N” y Jessica “N”, quienes fueron reubicadas en otras áreas de la SCJN como medida cautelar, luego de iniciar sus quejas contra los funcionarios.
Una de ellas era la secretaria del director general, Enrique Rodríguez Martínez, y denunció acoso laboral. La otra joven acusó de hostigamiento sexual y laboral al entonces postproductor Marco Antonio Álvarez Borja, quien fue removido de su cargo.
Presuntas anomalías. La prepotencia y el nepotismo del que acusan a Rodríguez y su equipo “salpicó” a otras instituciones. La esposa del ex director general del Canal Judicial, Mónica Mateos Trejo, tiene una plaza de nivel menor en la Dirección Desarrollo de Medios del Senado de la República.
En 2010, Mateos Trejo aparecía en la nómina del Canal Judicial como asesora y conservaba su plaza en la Cámara Alta. No existe registro de que ella haya solicitado licencia para desempeñar su labor en el Canal Judicial.
Cuando se inauguró la nueva sede del Senado, Rodríguez exigió al área de Comunicación Social darle a su pareja un lugar de estacionamiento en el nuevo edificio y amenazó con que si en ese espacio no se le resolvía el tema lo llevaría a instancias mayores.