A no emitir un voto por el que puedan beneficiarse los personajes de la clase política que han atentado contra la integridad, la fama y la libertad de los sacerdotes potosinos, como el párroco de Nuestra Señora de Fátima, José de Jesús Cruz Rodríguez, convocaron los integrantes del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García y del movimiento Todos somos el Padre Chuy.
Los simpatizantes del sacerdote ingresado a la penitenciaría de La Pila, presuntamente por la comisión de un delito sexual, acusaron al ex secretario general de Gobierno y actual candidato del PRI por una curul federal, Cándido Ochoa Rojas de cooptar en función de sus intereses personales el ejercicio de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y del Poder Federal para justificar su omisa actuación en la aprehensión del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista.
El Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García propuso a la feligresía de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, negar su voto a Ochoa Rojas y todo aquel que haya incurrido en atentados contra los derechos humanos de los sacerdotes y que pretenda encaminar una carrera política.
Ayer, los simpatizantes del sacerdote José de Jesús Cruz Rodríguez, el Padre Chuy, se citaron en la explanada del Poder Judicial, en el marco de un Festival Cultural y de información sobre el caso del ministro de culto y en el que se involucran Ochoa Rojas, el procurador Miguel Ángel García Covarrubias, la titular de la subprocuraduría especializada en delitos sexuales contra la familia, María Martha Silvia Ledezma Meza y el director de Seguridad Pública Municipal Arturo Javier Calvario, entre otros.
Así mismo, desde la plataforma informativa, se formuló el llamado al juez Cuarto Penal, José Godofredo Flores Zavala para que no actúe de conformidad a los intereses del ex abogado del Colegio Salesiano y ex representante del PRI ante el CEEPAC en la contienda electoral por la gubernatura del doctor Fernando Toranzo Fernández.
Los activistas llamaron también presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para impedir el propósito de Ochoa Rojas de convertir al sacerdote José de Jesús Cruz, así como al Padre Memo (Guillermo Gil Torres) en chivos expiatorios para justificar su inacción en el caso de Eduardo Córdova Bautista, expulsado del orden sacerdotal luego de que un tribunal eclesiástico, de la diócesis de San Luis Potosí lo encontrara culpable de la comisión de ilícitos de carácter sexual contra menores de edad y lo pusiera a disposición de las autoridades judiciales civiles.
La protección ofrecida por el ex alto funcionario de gobierno y el Procurador, se habría dado en función de la actuación de Córdova Bautista como una especie de capellán de la campaña por la gubernatura, encabezada por el doctor Fernando Toranzo Fernández, de donde se desprendió el llamado a frenar la carrera política de aquellos que se involucraron en acciones de persecutorias contra los sacerdotes.