A partir del 15 de noviembre de 2014 se intensificaron las labores de fiscalización en el Estado de San Luis Potosí, mediante las actividades que desempeña el equipo de auditores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
El Delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, precisó que mediante las actividades de los auditores se da seguimiento puntual al gasto electoral que se distribuye entre los partidos políticos conforme a la legislación vigente en la materia.
Manifestó que hoy las normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos, establecen que las visitas de verificación que realice la Unidad Técnica de Fiscalización a los eventos de campaña, se orientarán a la detección de la presencia de servidores públicos durante horas y días hábiles, dando puntual cuenta de las características de su participación.
El verificador autorizado por la Unidad hará preguntas a los organizadores y/o a los asistentes a fin de percatarse si se encuentran presentes servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, lo cual asentará en el acta, dando cuenta de las manifestaciones recabadas. Similar seguimiento se dará a los casos de servidores públicos que sin separarse de sus puestos o cargos se incorporen a tareas de campaña.
Advirtió que incurrirán en una violación al principio de imparcialidad los servidores y funcionarios públicos que asistan en un día y/u hora hábil, a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien la abstención en la emisión del sufragio. Lo anterior, con independencia de que obtengan licencia, permiso o cualquier forma de autorización para no acudir a laborar y que soliciten se les suspenda el pago de ese día, en tanto que los días inhábiles son solamente aquellos establecidos por la normatividad respectiva. El uso de medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales, también constituye una infracción sancionable.
Por último, refrendó que se trata de garantizar que los actores y los partidos políticos hagan una cuidadosa aplicación de la ley en favor del apego a la legalidad y de la equidad de las contiendas electorales.
