El presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó hoy implemen-tar sanciones contra varias destacadas figuras del Gobierno venezolano. Y declaró una situación de «emergencia nacional» por el «riesgo extraordinario» que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos.
En una orden ejecutiva, Obama «implementa y amplía» las sanciones contra ciertos individuos de Venezuela incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado, según explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado.
«Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y declaró una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza», dijo Obama en la orden.
El mandatario citó, además, como factores «la restricción de libertades de expresión, el uso de la violencia, las violaciones de derechos humanos y los abusos en respuesta a protestas antiguberna-mentales; el arresto arbitrario y detención de manifestantes y la creciente presencia de una corrupción pública significativa».
La declaración de una «emergencia nacional» es una herramienta con la que cuenta el presidente de EE.UU. para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
Bajo la nueva orden, Obama anunció la imposición de sanciones a siete funcionarios y exfuncionarios venezolanos cuyos bienes en EE.UU. quedan congelados y se les prohíbe la entrada al país. Entre los sancionados se encuentran Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SE-BIN) de Venezuela, así como el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio José Benavides Torres. La lista la completan Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Nayarith Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector General del SEBIN, y Miguel Alcides Vivas Landino, Inspector General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha hecho pública la lista de sancionados bajo la ley aprobada por el Congreso en diciembre, por lo que se desconoce si esos siete individuos identificados hoy se encontraban también en el listado de personas afectadas por la medida procedente del legislativo.
La orden ejecutiva firmada hoy también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido «acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas» o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca.
